AOA. Hermosillo Sonora, vista panorámica. 2014
Hermosillo
Sonora, Diciembre 22 de 2015.
Enfoques de la reforma
Los programas de reforma estatal implementados
a partir de la década de los ochenta han generado diferentes interpretaciones
de procedimiento. Dos han sido los enfoques tradicionalmente involucrados en
dichos procesos: por una parte la percepción denominada progresista y que se
centra en soluciones desde el Estado, mientras que la otra se reconoce como la
estrategia reformista conservadora basada en políticas de mercado. Así lo
plantea José Luis Ayala Espino
(1992: 141), quien dijo que en relación con la reforma estatal “se han
desarrollado distintos enfoques y marcos conceptuales. Entre ellos existen
diferencias instrumentales y valorativas. Sin embargo, la reforma es concebida
generalmente como un medio para lograr la modernización, elevar la eficiencia y
competitividad globales, ampliar la democracia y garantizar la justicia
social.”
La orientación de las políticas del primer
enfoque de la reforma buscaría corregir las fallas de la participación estatal
en la vida económica, dotándolo de una nueva racionalidad. La idea es reconocer
el papel del Estado en la conducción de la economía, probablemente ajustándolo
pero sin desmembrarlo.
El neointervencionismo planteó adecuar al
Estado a las nuevas condiciones mundiales, aprovechar los avances de la ciencia
y la tecnología, e integrar a la sociedad al ejercicio de las políticas
públicas. Considera construir una nueva economía mixta que responda a la
globalización, en la que el Estado aumente su papel en la esfera pública y
eleve su eficiencia administrativa. Ello implica reconocer el aprovechamiento
de avances administrativos que en otras organizaciones han tenido éxito, pero
no significa relegar el papel político del Estado en la conducción social, ni
dar paso a medidas que impliquen su desaparición.
El segundo enfoque, el de las soluciones de
mercado, es el que ha imperado en las últimas tres décadas. Considerado como
una perspectiva Neoliberal, se ha colocado al Mercado por encima del Estado.
Los arreglos de esta estrategia plantean la
reducción de la participación estatal en la vida económica, exigiéndole
revalorar su papel y funcionamiento, redimensionándolo y exigiéndole una mayor
eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. En esta óptica,
coinciden las siguientes medidas: la privatización, fusión y desregulación, la
descentralización y la desconcentración.
Asimismo, esta estrategia asimila la
injerencia de los modernos sistemas de gestión privada a los asuntos de
gobierno, por considerar que la nueva cara del gobierno debe caracterizarse por
un ejercicio honesto, con calidad y orientado al público; de esta manera se
plantea el someterse a procesos de reingeniería, manejo de estándares de
calidad, administración del tiempo, planeación estratégica y contingencial,
desarrollo organizacional, entre otros aspectos.
AOA. Cerro de la Campana. 2014
El nuevo manejo público
A partir de la década de los noventa se
impulsaron otras estrategias de cambio. En la misma lógica de los
planteamientos neoliberales, la atención se colocó en la transformación de la
cultura organizacional, el funcionamiento eficiente de las estructuras
organizacionales, la operatividad de los sistemas y procesos administrativos y
la mejora regulatoria. Es decir, se plantearon modificaciones en las bases
institucionales en todos sus niveles: jurídico, normativos, de planeación y
programación, de coordinación y de administración y organización.
Esta estrategia ha venido impulsando como
modelo de gobierno el llamado nuevo
manejo o gestión pública, el
cual se rige, según lo plantea Omar Guerrero Orozco (2004: 53-69): por su
orientación al cliente-ciudadano; el
impulso de la política de privatización
(exoprivatización cuando se dirige a la reducción del tamaño del Estado, o
endoprivatización cuando se promueven pautas gerenciales de la iniciativa
privada al interior de las organizaciones gubernamentales); la distinción del mercado como referente no solo de la
economía sino también de la política y del comportamiento de los organismos
estatales; y la promoción de la competencia
como proceso esencial característico del funcionamiento del sistema
capitalista.
La base organizativa y operacional de esta estrategia incluye tres
componentes: a. la aplicación del enfoque
empresarial-gerencial, mediante el ejercicio de dos libertades
fundamentales: la de elección y la del manejo; b. la aplicación de la gerencia por objetivos y resultados,
caracterizada por el empleo de estándares y medidas, metas e indicadores de
rendimiento gubernamental, bajo los cuales se llevan a cabo los planes,
programas y proyectos de gobierno; y c. la
agenciación, que implica la desagregación de la burocracia en las agencias
que sean necesarias para brindar el servicio a sus clientes (como forma de descentralización
y desconcentración administrativa). (Guerrero Orozco, 2004: 66-68)
La reforma del Estado a través de estos
mecanismos ha significado ajustes estructurales en el desarrollo de muchos
países que han derivado en grandes sacrificios de su población. Hoy se revisan
estos postulados, planteándose que el “fundamentalismo” de mercado representa un
riesgo al pretender “abolir la toma de decisiones colectivas e imponer la
supremacía de los valores del mercado sobre todos los valores políticos y
sociales.” según (Soros,1999: 29) Igual, desde los países latinoamericanos
(Bustelo y Minujin, 1998) se señala que el modelo se tiene que modificar y
plantearse propuestas para sociedades incluyentes, orientadas al logro, junto
con el crecimiento económico, de una mayor igualdad social, la protección del
medio ambiente y la configuración de condiciones para enfrentar a la
globalización.
Además, cuando se revisa la Reforma Estatal en
donde se da preeminencia al Mercado, se tiene que considerar la importancia de
dar reconocimiento a los asuntos públicos como tarea primordial del Estado, y
su necesaria participación para el desarrollo del país. Hacia el interior de
las organizaciones estatales, también es fundamental el colocar en un lugar
prioritario los programas de formación de los recursos humanos y de desarrollo
de la infraestructura necesarios para impulsar una cultura, tanto empresarial
como social, orientada a la inversión, asumiendo riesgos compartidos y el
compromiso con el desarrollo social. La agregación de medidas de eficiencia
administrativa de los órganos estatales resulta conveniente en términos de
mejorar el servicio público, más no como mecanismos para avasallar al Estado y
a sus partes constitutivas.
AOA. Museo y Biblioteca. 2014
Nuevas
Tecnologías
Con las
reformas estatales impulsadas durante los ochenta y noventa, se redefinió el
perfil y funcionalidad del Estado, pasando de un Estado altamente interventor y
omnipresente a una institución política orientada a sus funciones básicas, y
restringido, en el plano económico, al papel de promotor y regulador. Esta
nueva figura ha sido definida por Ricardo Uvalle Berrones (1994) como el Estado socialmente necesario; los rasgos
de esta nueva expresión estatal corresponden a la revaloración de la vida
pública y a la delimitación de fronteras entre lo que el Estado debe
desarrollar y aquello que es propio de la vida social.
Esta
perspectiva del Estado corresponde a una propuesta teórica que recupera
principios y categorías de naturaleza política y, además, sin dejar de ponderar
la incorporación del avance científico y tecnológico y valores de emprendimiento y responsividad, coloca atención a la conducción que el Estado hace
de la sociedad y al compromiso que tiene para promover y conciliar estrategias
para un desarrollo más equilibrado y equitativo.
La
vigencia del Estado socialmente necesario requiere generar un estilo de gestión
administrativa moderna, en la cual la
publicidad y racionalidad se
asumen como los rasgos distintivos; para desarrollar el buen gobierno, se ha
propuesto la conjugación de tres tecnologías que sirvan para mejorar e
incrementar la aptitud gubernamental en el logro de sus fines; estas
tecnologías de gobierno son la gerencia
pública, la gerencia social y las políticas públicas.
En un
marco de pluralismo político y cívico que supone una sociedad democrática, se
define que las políticas públicas propician
una racionalidad progresiva en las decisiones y cursos de acción que
instrumenta el gobierno. Se
advierte que los asuntos públicos en sociedades plurales requieren de modelos
de gestión que vayan más allá de la planeación y programación burocratizada, de
las decisiones autoritarias y de la organización centralizada.
El diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas requiere, además de la
racionalidad administrativa, el involucramiento de los intereses sociales y la
presencia activa y deliberada de los ciudadanos.
En cuanto
a la gerencia pública, se considera
que ésta, si bien puede recuperar prácticas de la gerencia privada, no olvida
que su atención se finca en la vida pública, teniendo a los intereses públicos
y los compromisos sociales como fines de dicha gestión. De esta manera,
privilegia como sus propósitos a “la gobernabilidad, la democracia política, la
descentralización, la participación ciudadana y su responsabilidad en los
asuntos gubernamentales y públicos.” (Uvalle Berrones, 1994: 119)
Como
tecnología del buen gobierno, la gerencia pública se presenta con un nuevo
perfil de carácter estratégico, donde la función pública se mide en términos de
la calidad de sus resultados, que trasciende los círculos cerrados de la
administración tradicional, y que fomenta una intensa vida pública con la
participación activa y abierta de la sociedad. Se trata, además de una
tecnología que enfrenta con sensibilidad política y social la complejidad de la
vida contemporánea.
Por su
parte, la gerencia social se
considera como otra modalidad de la acción gubernamental. El centro de atención
de esta tecnología responde a uno de los principales males de la actualidad, la
pobreza. Al respecto, el Informe sobre el
Desarrollo Humano 1999 del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) observó que al centrarse la reforma estatal en las políticas
macroeconómicas, los aspectos sociales y políticos quedaron subordinados a
dichas políticas, bajo un fuerte control que derivó en la concentración del
poder y la riqueza en un grupo selecto de la población en detrimento de las
grandes mayorías.
En este
sentido se ha insistido en la idea de que el Estado recupere su papel de
dirección del desarrollo socioeconómico y político. Pero un Estado replanteado
en términos de reconocerse, según Kliksberg (2001: 167) como un Estado social
inteligente. Este nuevo Estado conlleva también un nuevo estilo de gestión
preocupada por los asuntos de orden social: sin ser paternalista, este tipo de
gestión se basa en el realismo de la vida social y económica, se muestra como
una práctica gerencial en la que concurren las energías del gobierno en
comunión con las de los grupos sociales.
Bernardo Kliksberg, quizás el intelectual que mayor énfasis ha dado a
este tipo de gestión, apunta
que se trata de “…gerenciar proyectos para
poblaciones carenciadas en campos como la nutrición, la educación, la salud, el
empleo, la vivienda, el desarrollo rural, etc. Se muestra en la práctica como
una actividad gerencial muy particular, que no puede manejarse con los enfoques
de administración de empresas privadas o de administración pública tradicional.
Se requiere un enfoque diferenciado, un enfoque de Gerencia Social.” (Kliksberg,
2002: 95)
Conclusión
La acción de gobierno debe encaminarse a la atención del interés público
implicado en las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad. Se
considera el desarrollo como un tema de orden público, al igual que las
diferentes dimensiones en que puede ser desagregado.
La capacidad de respuesta del gobierno precisa de un conjunto de
esfuerzos orientados a resolver los problemas atingentes de la sociedad.
La administración pública tiene un papel
relevante como rector del desarrollo nacional y como actor fundamental en la
estructuración de estrategias para lograr mejores condiciones de vida y
desarrollo de la sociedad en los diferentes sectores en que este último se
desagrega.
Se requiere un replanteamiento del marco
institucional de operación de la administración pública, considerando que la
aplicación del Estado de derecho y el desarrollo de las conductas de los
servidores públicos con base en los principios fundamentales de actuación puede
permitir que los programas y proyectos de gobierno puedan cumplir con los
cometidos para los que fueron diseñados.
El
desarrollo debe asumirse como un proceso cuyo destinatario es el ser humano, de
otra manera no tiene sentido. También debe ser considerado como un proceso
donde lo que se privilegia es el interés público, es un proceso en donde se
debe beneficiar a todos los miembros de la sociedad y no discriminar llevando
los frutos del crecimiento económico a las mesas de pocos miembros de esa
sociedad.
Referencias:
Ayala
Espino, José Luis, (1992) Límites del
Mercado, Límites del Estado. México, Instituto Nacional de Administración
Pública, A. C.
Bustelo,
Eduardo y Alberto Minujin (Editores), (1998) Todos Entran. Propuesta para sociedades incluyentes. Colección
Cuadernos de Debate. Santa Fe de Bogotá, Colombia, United Nations Children's Fund (UNICEF).
Guerrero
Orozco, Omar, (2004) La nueva Gerencia
Pública. Neoliberalismo en Administración Pública. México, Distribuciones
Fontamara.
Kliksberg,
Bernardo, (2001) El nuevo debate sobre el desarrollo y rol del Estado. Mitos y realidades
en la América Latina de hoy. México, Instituto Nacional de
Administración Pública, A. C.
Kliksberg,
Bernardo, (2002) Hacia una economía con
rostro humano. México, Fondo de Cultura Económica.
Lora,
Eduardo (Editor), (2007) El estado de las
reformas al Estado en América Latina, Prólogo de Francis Fukuyama.
Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Mayol
Ediciones.
Uvalle Berrones, Ricardo (1994) Los
Nuevos Derroteros de la Vida Estatal. México, Instituto de Administración
Pública del Estado de México, A. C.
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