Foro Perspectiva y Cambios de la Ley de Planeación del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora a 3 de noviembre de 2017.

Con la convocatoria del Lic. Leopoldo González Allard, Director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, instancia del Congreso del Estado de Sonora, se celebró el 30 de octubre de 2017, en el Auditorio Gilberto Gutiérrez Quiroz del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, el Foro Perspectiva y Cambios de la Ley de Planeación del Estado de Sonora. El evento fue presidido por la diputada Lisette López Godínez, Presidenta del Congreso del Estado de Sonora. 

Se trata del primero de una serie de encuentros con especialistas, miembros de la sociedad civil y representantes de los diversos sectores productivos de la entidad, con los que se persigue recoger la opinión sobre la Ley estatal de Planeación vigente, con el propósito de que se reflexione acerca de su pertinencia y proponer las reformas necesarias para su actualización. 

Participaron como ponentes los académicos de la Universidad de Sonora Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz y Dr. Joel Espejel Blanco del Departamento de Economía, así como el Dr. Arturo Ordaz Alvarez, Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo y Maestro Lauro Parada Ruiz del Departamento de Sociología y Administración Pública.

El Dr. Vázquez Ruiz reflexionó acerca de la importancia de este instrumento para el desarrollo de un estado que forma parte de la región fronteriza con el país más importante del mundo. Señaló que se trata de un esfuerzo necesario, toda vez que la fuerte presencia del mercado, desde la década de los noventa, como actor principal del desarrollo económico no ha sido la mejor opción como promotor del bienestar social. También, planteó que la reforma de la ley debe cuidarse de tal manera que el Estado recupere su papel como coordinador de los esfuerzos de toda la sociedad, particularmente en áreas que se han desatendido, como el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Agregó que con la planeación es necesario fomentar el proceso de evaluación con indicadores intermedios y no en base a resultados finales; ello permitirá integrar las energías de los sectores productivos, universidades y gobierno para alcanzar los propósitos del desarrollo, teniendo la oportunidad de realizar valoraciones intermedias y continuas para perfeccionar tales esfuerzos, más allá de que concluyan los periodos gubernamentales.

Por su parte, el Dr. Ordaz Alvarez apuntó que es una obligación constitucional implementar el Sistema de Planeación Democrática, el cual no se formalizó en Sonora. Además, advierte que en los últimos sexenios esta tarea gubernamental se ha deteriorado, enfrentando distintos problemas en su concepción, implementación y evaluación. Argumentó que el Plan de gobierno, el Plan de Desarrollo, por lo general se le ha visto como un requisito formal, y en la práctica poco ha tenido que ver con dar una orientación racional y previsora a la acción de gobierno.

Propuso un cambio de visión acerca de cómo gobernar de manera democrática, honesta y comprometida con resultados de calidad que impacten el desarrollo y bienestar de los sonorenses. Fomentando el crecimiento económico y el empleo, respetando las libertades personales y sociales y favoreciendo el bienestar de toda la población del estado. El gobierno debe servir a los sonorenses y no servirse de la buena voluntad y confianza de la sociedad. Agregó que desde el diseño del Plan se debe responsabilizar al gobernante y no permitir que el plan se confeccione por una casa consultora sino en base a las necesidades y demandas sociales; además, propuso reglamentar la Ley a fin de definir facultades y responsabilidades de los gobernantes; concluyó con la importancia de dar vida al Sistema Estatal de Planeación Democrática.

En su ponencia, el Dr. Espejel Blanco planteó que por diversos motivos es un imperativo la reforma a la Ley de Planeación estatal. Primero, señaló, se ha decretado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con el fin de definir criterios rigurosos de responsabilidad hacendaria y financiera de los gobiernos estatales y municipales, lo cual se convierte en un referente para plantear los cambios a la Ley. Comentó la necesidad de alinear esta Ley estatal con las disposiciones de la Ley federal de Planeación, al igual que se tendrán que considerar instancias que actualmente no comprende, como el Instituto Municipal de Planeación y el Comité de Productividad y Competitividad. 

También, propuso estudiar las condiciones económicas del estado y la región, y trazar estrategias para atender el tema de la deuda de estados y municipios, aprovechado la posición estratégica de la entidad como parte de la faja fronteriza con Estados Unidos. Agregó que coincide con los ponentes que le antecedieron en la necesidad de que con la reforma a la Ley se trabaje también su Reglamento, de manera que sirva para que, además de darle operatividad, se establezcan responsabilidades a los funcionarios estatales y municipales.

El Dr. Bravo Castillo reflexionó sobre la extraterritorialidad del Plan, toda vez que éste va más allá de las fronteras de la entidad federativa. Destacó que otro punto al que se debe poner atención es la verticalidad con la que funciona nuestro federalismo; al respecto, señaló, se tiene que considerar, además de los tres ámbitos que lo componen, la configuración y participación en diferentes regiones, como la Noroeste o la región Sonora-Arizona, por ejemplo. En el mismo sentido, se tendría que pensar en la construcción de megalópolis, en las exigencias de una mejor planeación urbana y de estudios de futuro, así como en sus consecuencias para el desarrollo de las poblaciones y áreas involucradas.

Propuso que la nueva ley contemple mecanismos para medir la felicidad de la gente, medir su calidad de vida, e impulsar la planeación estratégica. En esta perspectiva, concluyó, es necesario definir tres principios filosóficos que fundamenten la planeación: la calidad, la innovación y los estudios de futuro. El Dr. Ordaz Alvarez propuso agregar un cuarto elemento, la filosofía del buen gobierno, responsable y honesto.

El profesor Lauro Parada Ruiz destacó la idea de que la Ley debe ser revalorada, pues más que un instrumento operativo del gobierno debe asumirse como una filosofía de actuación, como compromiso con los ciudadanos y con el desarrollo de la entidad. Reconoció las dificultades que se han presentado para ponerla en práctica en los últimos años, olvidándose la manera efectiva en que se instrumentó y operó durante su etapa de inicio. 

Agregó que esta tarea requiere que la Ley, además de reformarse, se dé a conocer en todos los órdenes de gobierno, en los diversos sectores productivos y entre la población en general. Destacó que la participación social se vuelve relevante para que esto ocurra, ya que, desde el diagnóstico de las condiciones de desarrollo, pasando por la instrumentación, implementación de programas, proyectos y presupuestos, así como su evaluación y control, la interacción del gobierno con los gobernados permite dar certeza a los compromisos y acciones del plan. Al final, se sumó a la necesidad de reglamentar la Ley, poniendo particular atención al manejo eficiente y honesto de los programas y presupuestos gubernamentales.

El Foro cerró con el resumen y conclusiones del Dr. Rafael Castillo Esquer, Coordinador del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social (CAFES) del Departamento de Economía. Se hizo el compromiso de seguir colaborando desde los espacios educativos en este proceso de consulta para que el ejercicio legislativo permita la concreción de las reformas necesarias que requiere esta Ley.