miércoles, 23 de diciembre de 2015

Carraci y Caravaggio: el estilo del Barroco

Sesión del Consejo en la Catedral. Autor escuela veneciana segunda mitad del siglo XVI, Se mantuvo en el Museo del Louvre.        Probablemente obra de Domenico Brusasorci Verona.

Hermosillo Sonora, Diciembre 23 de 2015.

El entorno histórico en el que ocurre el Barroco coincide con el proceso de acumulación originaria de capital en Europa. El mercantilismo de los siglos XV y XVI ocurre tras los grandes descubrimientos de nuevas tierras ultramar. El flujo de metales preciosos de América hacia Europa y la importación de especies desde el Lejano Oriente a través de las nuevas rutas se tradujeron en un incremento de circulante, el desarrollo de grupos empresariales poderosos distintos de la nobleza y el clero, así como una serie de cambios en las ciudades y sus sociedades.
 
José Pijoan describió que a mediados del siglo XVI «…la disociación del mundo cristiano era pavorosa. Dinamarca, Noruega, Suecia, Inglaterra, Países Bajos y gran parte de Alemania se habían separado de la Iglesia Romana. Solimán había sometido Hungría bajo el estandarte del Islam y amenazaba las propias puertas de Viena. Los progresos de la Reforma y la corrupción interior hacían cada vez más difícil la situación de la Iglesia Romana, que con el Concilio de Trento (1545-1563) y la recién fundada Compañía de Jesús pretendía imponer un nuevo estilo de combate y afirmar el poder de la catolicidad bajo los generales jesuitas.» (Pijoan, 1979: 9).
 
Se emprendió entonces una nueva pedagogía en la que cobraron relevancia el dogma religioso, la renovación de la Iglesia, la prédica y la oración en común; de esta manera, fue «… necesario basarse en las fuerzas inconscientes y afectivas no racionales. Los hombres de la Contrarreforma comprendieron estas nuevas condiciones de lucha mental y supieron ver que la propaganda debe basarse más en la emoción que en el pensamiento. Por ello desarrollaron el arte religioso barroco: un arte emotivo y teatral, con un gran sentido escenográfico, que se vale sobre todo de la sugestión y el prestigio.» (Ibíd.: 9-10).
 
La Contrarreforma se propuso enfrentar los dificultosos índices de corrupción en el seno de la Iglesia Católica, paliar los efectos del cisma luterano, revitalizar el dogma católico y recuperar el prestigio de la figura papal. Con tal propósito, además de los cambios en términos ideológicos, se impulsó, también, la modernización urbana de Roma, la construcción de nuevas y más funcionales iglesias propicias para la congregación y predicación, y el embellecimiento de los espacios religiosos mediante el patronazgo artístico que, a su vez, aseguraba un medio para cultivar las mentes del pueblo dentro de los principios de la doctrina católica.
 
Miguel Ángel y su obra majestuosa cierran el ciclo del Renacimiento, con él termina la imagen del artista definida por Vasari. La perfección mítica de su arte servirá de ejemplo para los artistas del Barroco, pero desde una perspectiva radicalmente opuesta, fincada en el cuestionamiento a los seguidores del maestro, los manieristas (quienes tratan de seguir la manera de crear del florentino), la reconsideración de la obra de Rafael de Sanzio como diferente al modelo propuesto por Vasari y por consecuencia a la obra de Miguel Ángel, la revaloración plástica del arte medieval, así como el énfasis en la realidad humana en donde se pretende el equilibrio entre idea y naturaleza (Fernández Arenas, 1983: 22-23).
 
En el mundo del Barroco se busca que el arte se convierta en un medio «…eficaz de persuasión, a partir de los tres objetivos del discurso clásico: deleitar, educar y conmover. La novedad consiste en procurar que la fuerza emotiva del arte sea susceptible de control sobre el resultado de su propio discurso, sin que éste pierda un tono de dignidad, de forma tradicional, clásica, aceptada y aceptable.» (Ibíd.: 23).
 
Se considera el Barroco como un estilo artístico vigente desde fines del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. García Ponce de León considera que el Barroco «…concretó su propio lenguaje, ofreciendo diversas soluciones estéticas y formales, como fruto de la sociedad y el espíritu de su tiempo. No es ni contrario ni derivado del Renacimiento: las formas eran las mismas pero cambia su composición.» (García Ponce de León, 2006: 114).
 
Annibale Carracci. Autorretrato, 1580. Catálogo de pinturas removidas de Polonia por la ocupación alemana 1939-1945.
 
Por una parte Annibale Carraci, proveniente de Bolonia, y por otra Michelangelo de Merisi, originario de Caravaggio, cerca de Milán, encarnan dos visiones del nuevo estilo que irrumpe en Roma con aire transformador en la última década del siglo XVI. Annibale, proveniente de una familia de pintores estudiosos el arte Veneciano y seguidores de Correggio, propone una obra excelsa fundada en bases clasisistas, cuyo referente son las pinturas de Rafael de Sanzio. Sin embargo, apunta Gombrich hablando de su Piedad (1599-1600), en contraste con la Crucifixión (1512-1515) del renacentista alemán Mathías Grünewald: «No tenemos más que recordar el atormentado cuerpo del Cristo pintado por Grünewald para darnos cuenta de cuánto cuidado puso Annibale Carraci en no hacernos pensar en los horrores de la muerte y en las agonías del dolor. El cuadro mismo es tan sencillo y armónico en su composición como el de cualquier pintor renacentista. Con todo, no lo tomaríamos fácilmente por un cuadro renacentista. La forma de hacer caer la luz sobre el cuerpo del Cristo, su manera de provocar nuestras emociones, es distinta por completo, es barroca.» (Gombrich, 2011: 391).
 
Annibale Carracci. Pietà. 1599-1600. Óleo sobre tela, 158 x 151 cm. Museo di Capodimonte. Nápoles, Italia.
 
En el caso de la obra de Caravaggio, ésta se forja en un naturalismo realista de manera tal que su sencillez y fácil comprensión para el observador la hacen fundamental en la transmisión del mensaje de la Contrarreforma. Sin embargo, en el temperamental Michelangelo tal naturalismo no se limita, por más cruda o falta de decoro que fuese la realidad plasmada en sus lienzos; si bien, estas libertades del artista redundan en la consistencia de su obra dentro del estilo Barroco, como dice Fernández Arenas: «Algunas de las subversiones al decoro, como muchas obras de Caravaggio, pueden entenderse como juegos conceptuales, de ingenio, susceptibles de integrarse a la estética de su tiempo por su valor lúdico dirigido al delectare.» (Fernández Arenas, 1983: 24). Inclusive, aunque tuviese que representar la fealdad en su obra, lo que a Caravaggio le interesaba, «…lo que él deseaba era la verdad. La verdad tal como él la veía.» (Gombrich, 2011: 392).
 
Michelangelo Merisi da Caravaggio c. 1621 por Ottavio Leoni (1578–1630) Colección de la Biblioteca Marucelliana, Firenze, Italia.
 
El Barroco define una época y se asocia con otras concepciones formuladas en ese tiempo las cuales sirvieron, de alguna manera, a los grupos sociales de la época; se ha propuesto que «El Naturalismo sirvió a la Iglesia como instrumento de la Contrarreforma, el Clasicismo a los intelectuales, el Realismo a la burguesía y el Barroco a la Iglesia triunfante y a los monarcas absolutos.» (García Ponce de León, 2006: 116). Todo ello suma a la definición del Theatrum mundi, a la cual el Barroco aporta tanto delante como atrás del telón de la vida que se nos presenta de manera cotidiana. En alusión a Pedro Calderón de la Barca, se ha dicho que el Barroco representa el mundo como un teatro,

«…los hombres actúan como actores en presencia de Dios Padre y de la corte celestial, la obra que interpretan es su propia vida y el escenario es el mundo. (…) Ser y parecer, ostentación y ascetismo, poder y debilidad: he aquí las constantes antagonistas del período. En un mundo sacudido por los conflictos sociales, las guerras y las luchas de religión el gigantesco espectáculo ofrecía un cierto sostén. La autescenificación del soberano tanto si se trataba del Papa como del Rey, constituía al mismo tiempo un programa político. El ceremonial, las acotaciones de este “teatro universal”, era el espejo de un orden superior, supuestamente de orden divino.» (Toman, 2007: 7).

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Entierro de Cristo. Óleo sobre lienzo. 1602-1604. 300 × 203 cm. Museos Vaticanos. Italia.
 
Y el arte del Barroco, tiene un papel fundamental en esta escenificación, pues le toca, además de montar de manera plástica dicha representación, la transmisión al grueso social de un mensaje ideológico y político que interesa a quienes ostentan el poder terrenal y celestial.
 
Fuentes:

Fernández Arenas, José y Bonaventura Bassegoda i Hugas (editores). 1983. Barroco en Europa. Colección Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.
García Ponce de León, Paz. 2006. Breve Historia de la Pintura. Madrid: Libsa ed.
Gombrich, Ernest H. 2011. La historia del Arte, Decimosexta edición en español. China: Phaidon Press Limited.
Pijoan, José. 1979. “Arte barroco en Italia”. En Historia del Arte, Tomo 8. México: Salvat Mexicana de Ediciones, S. A de C. V. Pp. 9-37.
Toman, Rolf (Editor). 2007. El Barroco. Arquitectura. Escultura. Pintura. China: Ullmann & Könemann.

martes, 22 de diciembre de 2015

Las estrategias reformistas del gobierno

AOA. Hermosillo Sonora, vista panorámica. 2014

Hermosillo Sonora, Diciembre 22 de 2015.

Enfoques de la reforma
 
Los programas de reforma estatal implementados a partir de la década de los ochenta han generado diferentes interpretaciones de procedimiento. Dos han sido los enfoques tradicionalmente involucrados en dichos procesos: por una parte la percepción denominada progresista y que se centra en soluciones desde el Estado, mientras que la otra se reconoce como la estrategia reformista conservadora basada en políticas de mercado. Así lo plantea José Luis Ayala Espino (1992: 141), quien dijo que en relación con la reforma estatal “se han desarrollado distintos enfoques y marcos conceptuales. Entre ellos existen diferencias instrumentales y valorativas. Sin embargo, la reforma es concebida generalmente como un medio para lograr la modernización, elevar la eficiencia y competitividad globales, ampliar la democracia y garantizar la justicia social.”
 
La orientación de las políticas del primer enfoque de la reforma buscaría corregir las fallas de la participación estatal en la vida económica, dotándolo de una nueva racionalidad. La idea es reconocer el papel del Estado en la conducción de la economía, probablemente ajustándolo pero sin desmembrarlo.
 
El neointervencionismo planteó adecuar al Estado a las nuevas condiciones mundiales, aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología, e integrar a la sociedad al ejercicio de las políticas públicas. Considera construir una nueva economía mixta que responda a la globalización, en la que el Estado aumente su papel en la esfera pública y eleve su eficiencia administrativa. Ello implica reconocer el aprovechamiento de avances administrativos que en otras organizaciones han tenido éxito, pero no significa relegar el papel político del Estado en la conducción social, ni dar paso a medidas que impliquen su desaparición.
 
El segundo enfoque, el de las soluciones de mercado, es el que ha imperado en las últimas tres décadas. Considerado como una perspectiva Neoliberal, se ha colocado al Mercado por encima del Estado.
 
Los arreglos de esta estrategia plantean la reducción de la participación estatal en la vida económica, exigiéndole revalorar su papel y funcionamiento, redimensionándolo y exigiéndole una mayor eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. En esta óptica, coinciden las siguientes medidas: la privatización, fusión y desregulación, la descentralización y la desconcentración.
 
Asimismo, esta estrategia asimila la injerencia de los modernos sistemas de gestión privada a los asuntos de gobierno, por considerar que la nueva cara del gobierno debe caracterizarse por un ejercicio honesto, con calidad y orientado al público; de esta manera se plantea el someterse a procesos de reingeniería, manejo de estándares de calidad, administración del tiempo, planeación estratégica y contingencial, desarrollo organizacional, entre otros aspectos.
 

AOA. Cerro de la Campana. 2014
 
El nuevo manejo público
 
A partir de la década de los noventa se impulsaron otras estrategias de cambio. En la misma lógica de los planteamientos neoliberales, la atención se colocó en la transformación de la cultura organizacional, el funcionamiento eficiente de las estructuras organizacionales, la operatividad de los sistemas y procesos administrativos y la mejora regulatoria. Es decir, se plantearon modificaciones en las bases institucionales en todos sus niveles: jurídico, normativos, de planeación y programación, de coordinación y de administración y organización.
 
Esta estrategia ha venido impulsando como modelo de gobierno el llamado nuevo manejo o gestión pública, el cual se rige, según lo plantea Omar Guerrero Orozco (2004: 53-69): por su orientación al cliente-ciudadano; el impulso de la política de privatización (exoprivatización cuando se dirige a la reducción del tamaño del Estado, o endoprivatización cuando se promueven pautas gerenciales de la iniciativa privada al interior de las organizaciones gubernamentales); la distinción del mercado como referente no solo de la economía sino también de la política y del comportamiento de los organismos estatales; y la promoción de la competencia como proceso esencial característico del funcionamiento del sistema capitalista.
 
La base organizativa y operacional de esta estrategia incluye tres componentes: a. la aplicación del enfoque empresarial-gerencial, mediante el ejercicio de dos libertades fundamentales: la de elección y la del manejo; b. la aplicación de la gerencia por objetivos y resultados, caracterizada por el empleo de estándares y medidas, metas e indicadores de rendimiento gubernamental, bajo los cuales se llevan a cabo los planes, programas y proyectos de gobierno; y c. la agenciación, que implica la desagregación de la burocracia en las agencias que sean necesarias para brindar el servicio a sus clientes (como forma de descentralización y desconcentración administrativa). (Guerrero Orozco, 2004: 66-68)
 
La reforma del Estado a través de estos mecanismos ha significado ajustes estructurales en el desarrollo de muchos países que han derivado en grandes sacrificios de su población. Hoy se revisan estos postulados, planteándose que el “fundamentalismo” de mercado representa un riesgo al pretender “abolir la toma de decisiones colectivas e imponer la supremacía de los valores del mercado sobre todos los valores políticos y sociales.” según (Soros,1999: 29) Igual, desde los países latinoamericanos (Bustelo y Minujin, 1998) se señala que el modelo se tiene que modificar y plantearse propuestas para sociedades incluyentes, orientadas al logro, junto con el crecimiento económico, de una mayor igualdad social, la protección del medio ambiente y la configuración de condiciones para enfrentar a la globalización.
 
Además, cuando se revisa la Reforma Estatal en donde se da preeminencia al Mercado, se tiene que considerar la importancia de dar reconocimiento a los asuntos públicos como tarea primordial del Estado, y su necesaria participación para el desarrollo del país. Hacia el interior de las organizaciones estatales, también es fundamental el colocar en un lugar prioritario los programas de formación de los recursos humanos y de desarrollo de la infraestructura necesarios para impulsar una cultura, tanto empresarial como social, orientada a la inversión, asumiendo riesgos compartidos y el compromiso con el desarrollo social. La agregación de medidas de eficiencia administrativa de los órganos estatales resulta conveniente en términos de mejorar el servicio público, más no como mecanismos para avasallar al Estado y a sus partes constitutivas.
 

AOA. Museo y Biblioteca. 2014
 
 
Nuevas Tecnologías
 
Con las reformas estatales impulsadas durante los ochenta y noventa, se redefinió el perfil y funcionalidad del Estado, pasando de un Estado altamente interventor y omnipresente a una institución política orientada a sus funciones básicas, y restringido, en el plano económico, al papel de promotor y regulador. Esta nueva figura ha sido definida por Ricardo Uvalle Berrones (1994) como el Estado socialmente necesario; los rasgos de esta nueva expresión estatal corresponden a la revaloración de la vida pública y a la delimitación de fronteras entre lo que el Estado debe desarrollar y aquello que es propio de la vida social.
 
Esta perspectiva del Estado corresponde a una propuesta teórica que recupera principios y categorías de naturaleza política y, además, sin dejar de ponderar la incorporación del avance científico y tecnológico y valores de emprendimiento y responsividad, coloca atención a la conducción que el Estado hace de la sociedad y al compromiso que tiene para promover y conciliar estrategias para un desarrollo más equilibrado y equitativo.
 
La vigencia del Estado socialmente necesario requiere generar un estilo de gestión administrativa moderna, en la cual la publicidad y racionalidad se asumen como los rasgos distintivos; para desarrollar el buen gobierno, se ha propuesto la conjugación de tres tecnologías que sirvan para mejorar e incrementar la aptitud gubernamental en el logro de sus fines; estas tecnologías de gobierno son la gerencia pública, la gerencia social y las políticas públicas.
 
En un marco de pluralismo político y cívico que supone una sociedad democrática, se define que las políticas públicas propician una racionalidad progresiva en las decisiones y cursos de acción que instrumenta el gobierno. Se advierte que los asuntos públicos en sociedades plurales requieren de modelos de gestión que vayan más allá de la planeación y programación burocratizada, de las decisiones autoritarias y de la organización centralizada.
 
El diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas requiere, además de la racionalidad administrativa, el involucramiento de los intereses sociales y la presencia activa y deliberada de los ciudadanos.
 
En cuanto a la gerencia pública, se considera que ésta, si bien puede recuperar prácticas de la gerencia privada, no olvida que su atención se finca en la vida pública, teniendo a los intereses públicos y los compromisos sociales como fines de dicha gestión. De esta manera, privilegia como sus propósitos a “la gobernabilidad, la democracia política, la descentralización, la participación ciudadana y su responsabilidad en los asuntos gubernamentales y públicos.” (Uvalle Berrones, 1994: 119)
 
Como tecnología del buen gobierno, la gerencia pública se presenta con un nuevo perfil de carácter estratégico, donde la función pública se mide en términos de la calidad de sus resultados, que trasciende los círculos cerrados de la administración tradicional, y que fomenta una intensa vida pública con la participación activa y abierta de la sociedad. Se trata, además de una tecnología que enfrenta con sensibilidad política y social la complejidad de la vida contemporánea.
 
Por su parte, la gerencia social se considera como otra modalidad de la acción gubernamental. El centro de atención de esta tecnología responde a uno de los principales males de la actualidad, la pobreza. Al respecto, el Informe sobre el Desarrollo Humano 1999 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) observó que al centrarse la reforma estatal en las políticas macroeconómicas, los aspectos sociales y políticos quedaron subordinados a dichas políticas, bajo un fuerte control que derivó en la concentración del poder y la riqueza en un grupo selecto de la población en detrimento de las grandes mayorías.
 
En este sentido se ha insistido en la idea de que el Estado recupere su papel de dirección del desarrollo socioeconómico y político. Pero un Estado replanteado en términos de reconocerse, según Kliksberg (2001: 167) como un Estado social inteligente. Este nuevo Estado conlleva también un nuevo estilo de gestión preocupada por los asuntos de orden social: sin ser paternalista, este tipo de gestión se basa en el realismo de la vida social y económica, se muestra como una práctica gerencial en la que concurren las energías del gobierno en comunión con las de los grupos sociales.
 
Bernardo Kliksberg, quizás el intelectual que mayor énfasis ha dado a este tipo de gestión, apunta que se trata de “…gerenciar proyectos para poblaciones carenciadas en campos como la nutrición, la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el desarrollo rural, etc. Se muestra en la práctica como una actividad gerencial muy particular, que no puede manejarse con los enfoques de administración de empresas privadas o de administración pública tradicional. Se requiere un enfoque diferenciado, un enfoque de Gerencia Social.” (Kliksberg, 2002: 95)
 
 
Conclusión
 
La acción de gobierno debe encaminarse a la atención del interés público implicado en las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad. Se considera el desarrollo como un tema de orden público, al igual que las diferentes dimensiones en que puede ser desagregado.
 
La capacidad de respuesta del gobierno precisa de un conjunto de esfuerzos orientados a resolver los problemas atingentes de la sociedad.
 
La administración pública tiene un papel relevante como rector del desarrollo nacional y como actor fundamental en la estructuración de estrategias para lograr mejores condiciones de vida y desarrollo de la sociedad en los diferentes sectores en que este último se desagrega.
 
Se requiere un replanteamiento del marco institucional de operación de la administración pública, considerando que la aplicación del Estado de derecho y el desarrollo de las conductas de los servidores públicos con base en los principios fundamentales de actuación puede permitir que los programas y proyectos de gobierno puedan cumplir con los cometidos para los que fueron diseñados.
 
El desarrollo debe asumirse como un proceso cuyo destinatario es el ser humano, de otra manera no tiene sentido. También debe ser considerado como un proceso donde lo que se privilegia es el interés público, es un proceso en donde se debe beneficiar a todos los miembros de la sociedad y no discriminar llevando los frutos del crecimiento económico a las mesas de pocos miembros de esa sociedad.
 
 
Referencias:

Ayala Espino, José Luis, (1992) Límites del Mercado, Límites del Estado. México, Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.
Bustelo, Eduardo y Alberto Minujin (Editores), (1998) Todos Entran. Propuesta para sociedades incluyentes. Colección Cuadernos de Debate. Santa Fe de Bogotá, Colombia, United Nations Children's Fund (UNICEF).
Guerrero Orozco, Omar, (2004) La nueva Gerencia Pública. Neoliberalismo en Administración Pública. México, Distribuciones Fontamara.
Kliksberg, Bernardo, (2001) El nuevo debate sobre el desarrollo y rol del Estado. Mitos y realidades en la América Latina de hoy. México, Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.
Kliksberg, Bernardo, (2002) Hacia una economía con rostro humano. México, Fondo de Cultura Económica.
Lora, Eduardo (Editor), (2007) El estado de las reformas al Estado en América Latina, Prólogo de Francis Fukuyama. Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Mayol Ediciones.
Uvalle Berrones, Ricardo (1994) Los Nuevos Derroteros de la Vida Estatal. México, Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C.
 

Administración pública y planeación del desarrollo

AOA. Cruce de calles. 2014,

Hermosillo Sonora, Diciembre 22 de 2015.

Función sustantiva de la administración pública
 
El cambio institucional y organizacional del Estado y la administración pública se puede entender como un proceso más o menos racional y deliberado para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Dicho cambio puede ser planeado y anticiparse a los cambios en el entorno, o bien asumirse como un cambio reactivo a las contradicciones y problemáticas que reclaman una acción racional eficiente y racional capaz de responder a las necesidades, demandas y problemas de tipo público. El aparato gubernamental se asume como un sistema abierto, en permanente retroalimentación mutua con la sociedad y cuya calidad de servicio es sometida al escrutinio desde el interior de sus órganos de control y evaluación como desde el exterior, por los ciudadanos y sectores de la sociedad.
 
Al comprender la función sustantiva de la administración pública, es necesario considerar los compromisos que asume en los distintos ámbitos del desarrollo de la sociedad. Es inherente a su definición considerarla como entidad en acción, en permanente movimiento. Esto le permite concretar su función de generar bienestar público. Al gobierno en acción se le concibe como un sistema abierto en permanente retroalimentación, lo cual le exige definir y redefinir estrategias, emplear instrumentos y procesos administrativos, así como ajustar estructuras con miras a responder a las demandas sociales y cumplir sus compromisos como entidad de gobierno.
 
AOA. Mientras esperamos. 2014,
 
De igual manera, se considera relevante que, para el cumplimiento de su función sustantiva, el Estado cuente y promueva en su relación con la sociedad el desarrollo de instituciones que sirvan de marco apropiado para que se dé la convivencia entre ambas entidades. Incluso, como lo señala Fukuyama (Prólogo en Lora, 2007: xv), hemos de suponer que el adecuado funcionamiento de las instituciones, y particularmente de quienes las ponen en acción, hacen posible que las políticas de gobierno tengan consecuencias positivas. Por ello la importancia de reflexionar acerca de sus características, su funcionamiento y sobre los diversos factores que influyen en su diseño y en la capacidad para reformarlas.
 

El desarrollo y el bienestar público
 
El Estado, a través de la administración pública, se erige como un actor fundamental en el proceso de desarrollo de cualquier país y sus regiones. El Estado, y por lo tanto la administración pública, tienen como fin de su acción un propósito dual: de orden público y de tipo político, fines que le llevan a desarrollar diversas funciones dirigidas a la prestación de servicios y la concreción de obras públicas, por un lado, y a la conservación del orden social y la reproducción de las condiciones necesarias para el sostenimiento de la vida de la sociedad civil. El bienestar público constituye el propósito último de la acción gubernamental.
 
La organización de la administración pública permite definir la estructura y funcionamiento del poder ejecutivo y, de esta manera, por medio de la división del trabajo administrativo atender los diferentes intereses que atañen al colectivo social. Esta organización se expresa en diferentes ámbitos territoriales, con el fin de llevar a toda la población los beneficios que se desprenden de la acción pública, y contar con los centros de contacto directo y permanente en donde la ciudadanía pueda expresar sus necesidades, intereses y demandas al gobierno.

AOA. Desde adentro. 2014,
 
La sociedad actual vive una realidad determinada por el fenómeno de la globalización, el cambio acelerado de la ciencia y la tecnología, la preeminencia de la vida democrática y una revisión permanente de las instituciones que modulan las conductas de los miembros de la sociedad y su relación con las estructuras de gobierno.
 
Los intereses sociales se plantean en términos de principios y valores generales que resumen el interés público, y que tienen que ver con la perpetuidad del mismo colectivo social, una buena calidad de vida, y la extensión a toda la sociedad de los beneficios que derivan del progreso científico y tecnológico planteados en términos de subsistencia, mejoramiento de las condiciones de vida material, así como el desenvolvimiento de la vida espiritual individual y colectiva. Desde mediados del siglo XX, estos propósitos sociales se han ido incorporando y revalorando en el concepto de desarrollo, que, habiendo tenido orígenes profundos en la ciencia económica, ha trascendido fronteras disciplinarias hasta ser en la actualidad un propósito social al que se orienta la acción social vista desde cualquier perspectiva de análisis.

AOA. Camino. 2014,
 
El desarrollo se define (Todaro, 1991: 154) como un proceso multidimensional cuyo destino es el hombre en comunidad, en colectivo. Cuando al desarrollo se le colocan adjetivos es para resaltar alguna de las dimensiones en que es posible desagregarlo para su estudio; así es posible entender que alguien proponga analizar el desarrollo económico, el social, el político, el cultural, etc. Sin embargo, la realidad del desarrollo no aísla esas dimensiones, por ello se entiende que aun cuando se privilegia al crecimiento económico sobre otros aspectos, éstos también ven alterada su situación: se provocan avances en las variables sociales o hay retroceso, se crece económicamente coincidiendo con avances en la vida política, o esta dimensión se rezaga y se producen trastornos en las instituciones y la gobernabilidad política. El desarrollo, por lo tanto, es un fenómeno que debe ser comprendido de manera integral.
 
El concepto de desarrollo muestra en los últimos años una evolución que lo ubican en una perspectiva más amplia que la del simple crecimiento económico. Si bien el desarrollo de un país, de una entidad federativa, de una región o de un municipio tiene como base y condición fundamental al crecimiento económico, la noción que hoy se asume corresponde a una versión ampliada (Boisier, 2003: 1), en donde “prima lo subjetivo, lo valórico, lo intangible, lo holístico, lo sistémico, lo recursivo, lo cultural, la complejidad, para citar sólo algunas de las características que se atribuyen ahora a la idea de un desarrollo societal”.
 
La comprensión del desarrollo parte del reconocimiento de su naturaleza territorial y social, de allí la complejidad y multidimensionalidad de este proceso. Su atención, entonces, exige acudir a diversos campos de conocimiento para que, a través de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, se puedan elaborar diagnósticos integrales de la realidad social y definir las estrategias y programas de acción necesarios para la solución de la problemática identificada. En el plano de la acción, por su parte, esto lleva a la estructuración de una gestión adecuada para la generación de desarrollo: en un sistema territorial dado, se requiere una gestión local o regional concreta que acuda a la comprensión sistémica del desarrollo, buscando equilibrios entre subsistemas endógenos y exógenos, la autorreproducción y la sinergia que conjugue los esfuerzos de los actores sociales y del gobierno para el logro de las metas del desarrollo.

AOA, Voy y vienes. 2014.
 
Se plantea que el interés del desarrollo reside en el hombre que vive en sociedad. El desarrollo se preocupa por sus condiciones materiales y espirituales para lograr una convivencia efectiva. De allí los propósitos por generar proyectos productivos que, a la vez, constituyen fuentes de empleo, la construcción de espacios urbanos que posibiliten el acceso a servicios de vivienda, vías de comunicación y servicios públicos en general, la integración de comunidades con gobiernos que proporcionen seguridad y orden, comunidades que, además, se constituyen en fuente y destino del trabajo intelectual y material. El desarrollo es un fenómeno integral que coloca en el centro de atención al hombre social. Se considera que el destino del desarrollo es el ser humano, que debe tener un rostro humano.
 
El desarrollo, y en particular el desarrollo que ocurre en el territorio municipal y local, se da en el concierto del conjunto de relaciones sociales que reproducen las condiciones de la sociedad civil, buscando mejorar las condiciones de vida de esa comunidad (si bien en una permanente confrontación entre equidad y eficiencia económica); como dice Palacios (1993: 117), estos procesos sociales llevan “…inherentemente una dimensión espacial (en este caso la del territorio municipal) como condición de su existencia.”
 
Se considera que el orden municipal es central en el federalismo. De igual manera, es reconocida su relevancia en cuanto a la relación Estado-sociedad, pues es en el municipio donde coinciden y se desarrollan las energías de la vida social, de la vida en comunidad. El gobierno municipal es responsable de la gestión de recursos, la formulación e implementación de programas y proyectos que dentro de un territorio particular expresan la acción administrativa concretada en un conjunto diverso de bienes y servicios públicos.
 

AOA. Paloma. 2014,
 
 
Intentos para racionalizar la acción estatal: la planeación del desarrollo
 
Los ochenta han sido considerados una década de grandes cambios para la definición del Estado y el papel de las políticas gubernamentales. Tras arrastrar las condiciones contextuales de la crisis surgida en los setenta, ante circunstancias de urgencia del deterioro del bienestar social y el desgaste del llamado Estado interventor, se plantearon cambios necesarios para rehabilitar la relación Estado-sociedad, ordenar la vida económica del país y construir instituciones que favorecieran la competitividad del país y modificaran las relaciones del sistema político.
 
Esto se dio con el encumbramiento del mercado como eje básico de la asignación de recursos económicos y la retracción del Estado y la redefinición de su tamaño y de la forma de interactuar con los grupos sociales cada vez más activos en un ambiente de mayor participación y reconocimiento de su rol en el espacio público.
 
En contraposición de la visión gubernamental de un Estado majestuoso y omnipresente en todos los campos de la vida social, durante los primeros años de esa década, con el ascenso de un nuevo estilo de hacer gobierno centrado mayormente en la renovación moral y la racionalidad económica en los actos de gobierno, se planteó modificar la base institucional para la organización y funcionamiento del gobierno y la manera en que se regularían las condiciones de operación de la economía mixta. En este sentido es que se dieron las reformas constitucionales a los Artículos 25, 26, 27, 28 y 115 de la carta fundamental del país.
 
AOA. En el alambre. 2014,
 
El marco de las relaciones intergubernamentales fue modificado al institucionalizarse el papel del Estado como rector del desarrollo nacional con atribuciones en materia de planeación, conducción coordinación y orientación de la actividad económica nacional, mediante la estructuración del sistema de planeación nacional y los esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como las relaciones de éstos con los sectores social y privado del país, los estados y municipios. El fortalecimiento municipal bajo este esquema fue considerado factor primordial para el desarrollo regional, local y de la federación. 
 
El artículo 25 de la Constitución política del país quedó definido en los siguientes términos:

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
 
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”

Con este esquema sistémico de planeación, se pretendía establecer nuevas formas de ordenación y racionalidad en las decisiones y actuación del gobierno, revertir el centralismo característico del federalismo mexicano y la apertura de vías formales para el diálogo entre gobernantes y gobernados.
 
En los hechos, los ejercicios de planeación han tenido que enfrentar distintos problemas acumulados por la historia del federalismo mexicano y la preeminencia del orden federal sobre los otros dos órdenes de gobierno (en el que la vida municipal y sus gobiernos estaban marcados con profundos rezagos de autonomía, amplía dependencia financiera y escaso desarrollo, y limitadas capacidades institucionales y administrativas).

AOA. De noche. 2014,
 
Con el ascenso al poder de gobiernos de alternancia, de derecha, este sistema se cuestionó y se matizó con elementos característicos del ámbito empresarial. El nuevo Sistema Nacional de Planeación Participativa, quedó explícito en el Plan de gobierno del periodo 2001-2006 (su presencia no representó reforma alguna que sustituyera al Sistema de Planeación como está definido en la Constitución). A fin de apoyar la operación continua y eficaz de la administración pública, el sistema contemplaba tres grandes procesos: la planeación estratégica (fundamento del sistema), el mejoramiento organizacional (mediante la modernización de estructuras, procesos y proyectos) y el seguimiento y control (para correcciones y ajustes de programas).
 
En la primera parte de dicho documento se presentó la evaluación de las condiciones del gobierno y del entorno del país, definiendo sus propósitos generales a partir de la estructura convencional de la planeación estratégica: la visión del país a 25 años, la misión del gobierno, los principios conductuales para el desarrollo de las funciones de gobierno (desagregados en tres postulados: humanismo, equidad y cambio; en cuatro criterios para el desarrollo nacional: inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional; y en cinco normas básicas de acción gubernamental: apego a la legalidad, gobernabilidad democrática, federalismo, transparencia y rendición de cuentas) y, guiados por estos principios, los programas, proyectos y acciones del gobierno.
 
Estas aportaciones del mundo de los negocios se han extendido a todos los ámbitos de gobierno, volviéndose una práctica común en la confección de los planes de desarrollo con rasgos de planeación estratégica.


Referencias:

Boisier, Sergio, (2003) “Una (re) visión heterodoxa del desarrollo (territorial): un imperativo categórico”. En Revista Estudios Sociales. Volumen 12, número 23. Pp. 10-36. Hermosillo, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
Lora, Eduardo (Editor), (2007) El estado de las reformas al Estado en América Latina, Prólogo de Francis Fukuyama. Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Mayol Ediciones.
Palacios, Juan José, (1993) “El concepto de Región”. En Héctor Ávila Sánchez (Compilador), Lecturas de análisis regional en México y América Latina. México, Universidad de Chapingo.
Todaro, Michael P., (1991) Economía para un mundo en desarrollo. Segunda Edición. México, Fondo de Cultura Económica.

Documentos Institucionales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Plan Nacional de Desarrollo de los sexenios 1983-1988, 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012