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viernes, 4 de noviembre de 2022

Momentos en la definición del concepto de Desarrollo


Hermosillo, Sonora a 4 de noviembre de 2022.

Conferencia presentada en la Cátedra de Administración Pública Dr. Omar Guerrero Orozco 2022, en la Mesa de Análisis: El desarrollo sustentable. Un proceso multidimensional. Actividad realizada el jueves 3 de noviembre de 2022, a las 16:00 horas, en el Auditorio Gilberto Gutiérrez Quiroz de la Universidad de Sonora.


Proemio

 En las últimas décadas las Ciencias Sociales han integrado a su bagaje conceptual el término Desarrollo.

Esto también ocurre en el campo de la Administración Pública. Si bien, en el pasado en nuestra disciplina se argumentaba que el propósito de la acción del gobierno tenía como destino la solidez de la institución estatal y la felicidad de los súbditos, o bien se consideró como tarea el logro de la riqueza de las naciones, o bien se planteó que la prosperidad y el progreso social eran el camino a seguir por los esfuerzos gubernamentales. Más adelante se planteó que la finalidad era la de llevar el bienestar a la comunidad.

No hace mucho que, debido al celo parcelario en el que se percibían las diferentes disciplinas, se consideraba que el tema del desarrollo como concepto y proceso era objeto propio y exclusivo de la Ciencia Económica.

Hoy las cosas han cambiado. De esto tratan estas líneas. Presentar algunos momentos ocurridos en la definición del concepto del Desarrollo.

 

El origen economicista

Las reflexiones acerca del Desarrollo se precipitaron a mediados del siglo XX, con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

Si bien, como consecuencia de la Gran Depresión del 29 y la aplicación de las prescripciones Keynesianas, a partir de la década de los treinta los Estados asumieron un rol protagónico en la solución de la crisis y la reactivación de la economía.

Concluida la guerra mundial a mediados de los cuarenta, el reto era la reconstrucción posbélica. Surgieron entonces el Plan Marshall para Europa y el Plan MacArthur para Japón; más adelantes se instrumentaría la Alianza para el Progreso con el fin de apoyar el desarrollo de América Latina.

Es en estos tiempos cuando inician los primeros desarrollos teóricos de un nuevo campo de conocimiento conocido como Economía Política del Desarrollo o bien Teoría del Desarrollo. Dado el intervencionismo gubernamental que se vivía, estas ideas consideraron el papel relevante de las políticas económicas impulsadas por los gobiernos.

Las primeras ideas se concibieron desde una fuerte perspectiva economicista. La preocupación se concentró en detonar el “punto de despegue” para el desarrollo económico del país, o en su caso el punto desde que daría inicio la recuperación nacional.

Por otra parte, interesaba el modo en que fluirían las inversiones desde las instancias financieras mundiales hacia los países necesitados; si esto se aseguraba, se impulsaría su industrialización y modernización.

El resto, desde un punto de vista teórico, desencadenaría el derrame de los beneficios hacia otros sectores del país; por goteo, como hoy en día se justifica el privilegiar al empresariado francés, considerando que su fortaleza es necesaria para asegurar las condiciones económicas que hacen posible el empleo y el ingreso de los miembros de la sociedad.


Simon Kuztnes


La heterodoxia 

Sin embargo, pronto la realidad evidenció lo limitado de esta visión. La atención tenía que colocarse, además de la dimensión económica, en todos los ámbitos de la vida social. El desarrollo sólo se limitaba a la generación del crecimiento económico, pero el grueso de la población siguió inmerso en condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Los derrames positivos del crecimiento económico no se concretaron.

Albert O. Hirschman, señaló que la teoría económica tradicional sustentaba la noción del desarrollo en bases sumamente cuestionables, ya que «La economía, en cuanto ciencia del comportamiento humano, se ha basado en un postulado extraordinariamente parsimonioso: el del individuo aislado y centrado en sus propios intereses, quien libre y racionalmente escoge entre diversas alternativas de acción luego de sopesar sus presuntos costos y beneficios.» (Hirschman, 1986: 135).

El análisis soportado por sofisticados y simplificados modelos matemáticos sólo permitió una aproximación reducida de la realidad social. Pueden resultar útiles en la comprensión de los fenómenos económicos, sin embargo, éstos que son reflejo de la dinámica social no pueden reducirse a fórmulas matemáticas delimitadas por supuestos convencionales de cómo debe operar la realidad.

En este sentido, Dudley Seers asumió la postura de que los problemas del desarrollo se encuentran asociados a otros factores diferentes a la escasez de divisas para la inversión o bien a la presión inflacionaria que incide negativamente en el sistema económico; reconoció que las capacidades estatales no han reducido la dependencia, pero de igual manera las relaciones en las que se imponen los grandes monopolios y los poderosos sindicatos a favor de sus ingresos influyen en el incremento de la inflación primaria con efectos ulteriores en toda la economía. El vínculo de dependencia entre Centro y Periferia, es decir, entre naciones dominantes y naciones de la periferia dependientes, generaba nuevas formas de dependencia como resultado del proceso de sustitución de importaciones propuesto como parte de la dinámica de industrialización.

El papel del Estado asumió un papel central en la actividad económica, incrementando su presencia en la vida social. Como lo argumenta Gerald M. Meier, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se «formularon grandes modelos de estrategias de desarrollo que involucraban transformaciones estructurales y el correspondiente papel para la participación extensiva del gobierno en planeación o programación del desarrollo» (Meier, 2002: 2). Se reconoció que el intervencionismo estatal era un componente básico para impulsar el desarrollo.

Albert O. Hirschman 


Propuestas de la Dependencia y el Estructuralismo

Paul Baran (1997), intelectual de la Teoría de la Dependencia, argumentó en el mismo sentido de que en el proceso de desarrollo subyace el conflicto de clases en donde prevalece el interés de las clases dominantes de preservar el statu quo en el que se sustentan sus privilegios. Estas contradicciones se extienden a la relación que existe entre países del centro, desarrollados, y países subdesarrollados o dependientes.

            Por tal razón, se consideró que el proceso de sustitución de importaciones impulsado desde el exterior para promover una dinámica de industrialización, genera nuevas formas de dependencia

            En este tiempo también se promueve la propuesta estructuralista desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La crítica a los magros resultados de las estrategias de la ortodoxia económica argumentó a favor del reconocimiento de las condiciones particulares de cada país como fundamento de toda acción que se impulse para el desarrollo, considerando que éste es una construcción social, con rasgos estructurales y coyunturales propios de cada país y que, como tal, se requerirá una estrategia del desarrollo propia más elaborada que la propuesta por el reduccionismo económico.

La propuesta estructuralista se concibió como una estrategia centrada en el análisis histórico de las condiciones materiales de vida de cada país. Para Celso Furtado (1989), el desarrollo implica un cambio social deliberado, el cual persigue como fin último «… la igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones más elevadas de bienestar material. Sin embargo, esto no significa que dicho proceso de cambio social tenga que seguir la misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente a formas de organización social y política similares a las que prevalecen en los países actualmente industrializados o desarrollados de uno u otro tipo.» (Furtado, 1989: 39)

 

Celso Furtado

Neoliberalismo y desarrollo

Después de varias décadas de vigencia del Keynesianismo y el Estado interventor, a mediados de la década de los setenta se impulsa la necesidad de reformar al Estado y convertirlo de una institución majestuosa y omnipresente en un Estado mínimo, como uno de las medidas para dar solución a la crisis mundial conocida como una crisis de “estanflación”. Se asumieron entonces las prescripciones de la Escuela de Chicago, las recomendaciones provenientes de la retórica de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de la administración Reagan en Estados Unidos.

            El Proyecto Neoliberal se fundamentó en los principios del laissez faire y se tradujo en amplios y drásticos procesos de privatización de empresas y servicios gubernamentales, en la descentralización de organismos y procesos administrativos y operativos del Estado, la simplificación y desregulación de mecanismos para facilitar la inversión y hacer más competitivos a los capitales y mercados, y una progresiva integración a la economía internacional mediante la configuración de bloques económicos regionales y el aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos en un contexto de globalización cada vez más complejo y cambiante.

            Este proyecto se reforzó en 1989 con el programa del Consenso de Washington, promovido por el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos. Sus prescripciones se extendieron a toda la región latinoamericana reclamando la disciplina presupuestaria, la reorientación del gasto público, el impulso de una reforma fiscal, el control del tipo de cambio, la liberalización comercial, el impulso de una política de apertura para la inversión extranjera directa, continuar con la política de privatizaciones y las medidas de austeridad gubernamental, impulsar una política desreguladora para fomentar la competencia, así como garantizar los derechos de propiedad.

             La acción de los gobiernos se orientó hacia la promoción de una nueva administración o gestión pública, con la que se impulsó la aplicación de estrategias de negocios privados, prestando atención en los aspectos culturales y comportamentales de los servidores públicos mediante pautas de la filosofía empresarial.

Según el premio Nobel Joseph Stiglitz, el Consenso de Washington se centró en asuntos económicos y no puso atención a temas tan relevantes como la pobreza. Por ello, considera la necesidad de sustituir «…ese enfoque restringido que se preocupa únicamente de combatir la inflación, por un criterio más amplio que apunte a fomentar el crecimiento y generar empleos…» (Stiglitz, 2003: 33)

            Los resultados limitados del generados por el neoliberalismo demandan la atención a dimensiones sociales no previstas en el modelo economicista: se requiere atender la equidad y la lucha contra la pobreza con programas educativos y de salud, combatir el uso de estupefacientes, consumir una dieta balanceada, llevar a cabo reformas sociales y en particular rurales para reorientar la economía de estos sectores, entre otras acciones.

 

Joseph Stiglitz

El desarrollo multidimensional con rostro humano

Paralelamente a la implementación del proyecto neoliberal se produjeron avances significativos en la concepción del desarrollo. Dudley Seers (1987) planteó el compromiso con un estudio realista del desarrollo que incluyese tanto factores demográficos y geográficos como económicos y culturales.

            Por su parte, Salvatore Schiavo-Campo y Hans W. Singer (1977) definieron que el desarrollo es un proceso que significa crecimiento más cambio, cambios que deben darse en las diferentes dimensiones de la actividad humana. A su vez, Michael P. Todaro (1987) afirmó que el desarrollo comprende el progreso económico, pero no es el único componente. Concibe el desarrollo como un proceso multidimensional que involucra la reorganización y reorientación de todos los sistemas económicos y sociales.

            Álvaro Cálix Rodríguez (2016), por su parte considera que las sociedades no son estáticas, por lo que es necesario gestionar su complejidad y propensión al cambio. Por ello es necesario atender tres grandes orientaciones de ese proceso de cambio: a) satisfacer las necesidades fundamentales de la población tales como alimentación, vivienda, vestido, saludo, educación, transporte, empleo y recreación; b) respetar los equilibrios biosistémicos que permiten la diversidad de formas de vida en el planeta; y, c) fomentar la convivencia horizontal entre diferentes tipos de sociedades humanas, al interior del país y con otras naciones, asumiendo que el proceso de desarrollo significa avanzar en colectividad mediante el esfuerzo conjunto de instancias gubernamentales con organismos privados y sociales.

            En 1987 se dio un salto exponencial en la concepción del desarrollo al aprobarse el documento "Nuestro futuro común" (el Informe Brundtland), en el cual se introdujo la idea del desarrollo sostenible, es decir, el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Su relevancia radica en que, a nivel mundial, se empezó a discutir y reconocer que el desarrollo tiene que considerar junto a los elementos económicos, la dimensión social, así como la sustentabilidad, ecológica. La incorporación de estas premisas permitió más tarde avanzar sobre el concepto de un desarrollo con rostro humano.

El fracaso del modelo neoliberal de desarrollo afectó a grandes segmentos de la población. Los problemas más graves derivados de su aplicación se presentan en términos de la exclusión y la desigualdad social. La pobreza se ha constituido en el problema más preocupante a nivel mundial. Esto ha llevado a replantear el concepto de desarrollo desde la misma Organización de las Naciones Unidas, precisándolo en términos de un desarrollo humano. Con esto se reconoce que el origen y destino de este proceso es el mismo ser humano. En el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1990, se definió como:

«…un proceso que ofrece a las personas mayores oportunidades y que pone énfasis en la libertad del ser humano para tener salud, educación y disfrutar de condiciones de vida dignas. Pero también hace hincapié en que el desarrollo y el bienestar humano son mucho más que la suma de esas dimensiones y que se traducen en un abanico más amplio de capacidades, que incluyen la libertad política, los derechos humanos y, como dijo Adam Smith, la capacidad de interactuar con otros sin sentirse avergonzado de aparecer en público.» (PNUD, 2010: 2)

Los compromisos asumidos en el año 2000 por los gobiernos de los diferentes países del mundo al suscribir los Objetivos del Milenio, dieron un giro a los esfuerzos por impulsar el desarrollo humano, pues se asumió el firme propósito de atender los retos «…impuestos por la pobreza y los males sociales relacionados, [estableciendo] medidas concretas para evaluar el progreso logrado a través de un conjunto de interrelaciones compromisos, metas y objetivos.» (Bouillon, 2005: vii). En 2015 se ratificaron estos compromisos en el documento Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sumando al propósito general de acabar con la pobreza, el trabajo en común para enfrentar la desigualdad, la injusticia, y el cambio climático.

 

Gro Harlem Brundtland


Bibliografía

Baran, Paul A. 1987. La economía política del crecimiento. Sección de Obras de Economía. 2ª. Edición, 2ª Reimp. México: Fondo de Cultura Económica.

Bouillon, Cesar P. (Coordinador). 2005. The Millennium Development Goals in Latin America and the Caribbean: Progress, Priorities and IDB Support for Their Implementation. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank

Cálix Rodríguez, J. Álvaro. 2016. Los Enfoques de Desarrollo en América Latina – hacia una Transformación Social-Ecológica. Análisis. No. 01/2016. México: Fundación Friedrich Ebert en México.

Furtado, Celso. 1989. Dialéctica del desarrollo. Diagnóstico de la crisis de Brasil. Sección Economía Latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica.

Hirschman, Albert O. 1986. “En contra de la parsimonia: tres formas fáciles para complicar algunas categorías del discurso económico”. Colección Estudios CIEPLAN No 19. junio de 1986, Estudio No 115. Pp. 135-147. Santiago de Chile: Corporación de Estudios para Latinoamérica. CIEPLAN.

Meier, Gerald M. 2002. “La vieja generación de economistas del desarrollo y la nueva”. En Gerald M. Meier y Joseph E. Stiglitz (Editores). Fronteras de la economía del desarrollo. El futuro en perspectiva. Pp. 1-38. Bogotá: Banco Mundial y Alfaomega Colombiana S. A.

Organización de las Naciones Unidas. 1987. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. "Nuestro futuro común". Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 25 (A/42/25). Nueva York: Organización de las Naciones Unidas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2010. Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano. Edición del Vigésimo Aniversario. Nueva York, USA: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Schiavo-Campo, Salvatore y Hans W. Singer. 1977. Perspectivas de desarrollo económico. Sección Obras de Economía. México: Fondo de Cultura Económica.

Seers, Dudley. 1987. La teoría de la dependencia. Una revaluación crítica. Sección Economía Contemporánea. México: Fondo de Cultura Económica.

Seers, Dudley. 1969. The Meaning of Development. IDS Communication 44, Institute of Development Studies. Brighton, UK: University of Sussex.

Stiglitz, Joseph E. 2003. “El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina”. Revista de la CEPAL, Agosto, 2003. Pp. 7-40.  Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Todaro, Michael P. 1987. Economía para un mundo en desarrollo. Introducción a los principios, problemas y políticas para el desarrollo. Sección Obras de Economía. Economía Contemporánea. México: Fondo de Cultura Económica.

 


sábado, 15 de mayo de 2021

Responsabilidad social universitaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible


Presa Abelardo L. Rodríguez. Hermosillo Sonora. AOA

Hermosillo, Sonora a 15 de mayo de 2021.

Fragmento del artículo La responsabilidad social universitaria y los objetivos del desarrollo sostenible. Publicado en la Revista Gestión y Estrategia No. 58, Espacio, organización y procesos de gestión social y evaluación pública, Julio-Diciembre de 2020, ISSN 1606-8459. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Pp. 43-54.

Con el advenimiento del siglo XXI diversas organizaciones, públicas, sociales y privadas se han comprometido socialmente con los principios de un desarrollo humano y sustentable.  En este sentido, las instituciones de educación superior han puesto atención a su papel como universidades socialmente responsables.

En el ámbito empresarial, se ha dado énfasis a la responsabilidad social corporativa (RSC), cuidando que tanto los sistemas internos como externos de las empresas atiendan las necesidades organizacionales y de su personal, así como su desarrollo empresarial en los mercados sin descuidar los intereses sociales y la preservación del medio ambiente. De esta manera, la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) ha considerado trascender los formulismos normativos de la RSC, asumiendo compromisos y llevando a cabo acciones para impulsar un verdadero desarrollo del capital humano y social, de la empresa y de su entorno ambiental.

Con el propósito de impulsar mejores prácticas empresariales, el concepto de la RSC se definió como un compromiso voluntario y dirigido a ciertos propósitos de interés general. Considerando que se trata de un ejercicio sistémico, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puntualizó que la RSC es «…la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y proceso internos como en su relación con los demás actores.» (OIT, 2010: 1). Se concibe como una responsabilidad cívica y voluntaria de las empresas y un compromiso con el desarrollo.

En el mismo sentido, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, organización sin fines de lucro, ha considerado que la RSC genera efectos positivos para las empresas, para sus trabajadores y para la sociedad en general. La RSC implica, según el Observatorio, «…el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto.» (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2014: 5)

Estas ideas han cosechado frutos en el ámbito educativo. Se ha planteado que, al igual que en el mundo empresarial, también es posible promover esta orientación social en las instituciones de educación superior, tomando en cuenta el profundo sentido social que tiene la labor educativa. Se considera que la responsabilidad social de las universidades implica «un sólido compromiso ético hacia el desarrollo humano sostenible…» (Vallaeys, 2018: 54), el cual debe ser acompañado de una perspectiva deliberada de inclusión, de solidaridad y responsabilidad, de transparencia y autorreflexión.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) comprende, también, un compromiso social y la definición de una estrategia deliberada hacia el cumplimiento de los propósitos del desarrollo humano y sostenible. Considera una visión integral en la que se internalizan las externalidades, prestando atención tanto a los sistemas internos de la organización educativa como a los sistemas del entorno y los efectos, en ambos sentidos, que resultan de la dinámica entre ambos sistemas. En esta concepción, se perciben desde el entorno local hasta el internacional, los ámbitos municipal, estatal y federal hasta el supranacional, las diversas dimensiones de la vida social y natural, las disposiciones internas de la institución educativa, como las de los organismos gubernamentales que coordinan la labor educativa, incluyen, por supuesto, las aspiraciones consignadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo 2030. (Ver Figura 1)


Es necesario tomar en cuenta que los valores, principios y funciones sustantivas que dan sentido a la universidad son determinantes en la definición e implementación de las acciones en materia de RSU. La gestión interna, tanto académica como administrativa de la universidad, permite la operación de planes, programas y proyectos que justifican su razón de ser. Ante la sociedad, estas mismas acciones son las que dan legitimidad a su responsabilidad social.

Por tal razón, es conveniente el fortalecimiento de la vida institucional de las universidades. El diseño e implementación de un pertinente marco normativo, de un funcional marco programático, de la eficiente disposición organizacional y funcional de la universidad, así como la congruencia y alineación de la identidad institucional y sus valores, con la misión de la universidad, con sus funciones y con la estrategia misma de RSU, constituyen condiciones ineludibles para la consecución de los propósitos universitarios, para el cumplimiento de su RSU, así como para el logro de los objetivos del desarrollo.

Se ha señalado que en el contexto de América Latina el tema de la RSU se vuelve primordial en la discusión y el análisis de los desafíos del desarrollo en la región. Isabel Licha argumenta que las universidades tienen un papel crítico en los asuntos relativos al desarrollo, y señala que «…están llamadas a jugar en la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región y en cada país.» (Licha, 2017: 152) En esta perspectiva, son consideradas actores clave para el diseño e implementación de proyectos y programas de impacto en materia de sostenibilidad económica, social y ambiental, en la búsqueda de un desarrollo integral, justo e inclusivo.

En el caso de México, este papel estratégico de las universidades ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al incorporar la RSU como principio rector y transversal de las funciones universitarias, difundiéndolo y promocionándolo como un componente que no sólo es útil en términos de las tareas que tienen estos organismos, sino que también contribuye a la concreción de los propósitos de un desarrollo integral, inclusivo y sostenible. El organismo reconoce que «…la responsabilidad social no es algo espontáneo, es una forma de actuar intencionada. Una institución de educación superior es socialmente responsable cuando ajusta sus actividades con el propósito de mejorar y adecuar sus resultados a los requerimientos y demandas de su entorno.» (ANUIES, 2018: 80)

Desde el año 2000 son diversos los esfuerzos emprendidos para el logro, primero de los Objetivos del Milenio y, posteriormente de los ODS. La presencia de las universidades, de manera individual como colaborativamente, ha sido relevante en materia educativa, de investigación, gobernanza institucional y liderazgo social.

El lugar privilegiado que tienen las universidades en la sociedad lo ha reconocido La Red australiana Sustainable Development Solutions Network (SDSN), considerando que, en relación con los ODS, las universidades han generado evidencias con su contribución al conocimiento, y con soluciones e ideas innovadoras en favor de los ODS; además, de su participación en la formación de los profesionales que son y serán los responsables de implementar los programas dirigidos a los ODS; también, constituyen el modelo a seguir en cuanto apoyo, adopción e implementación de los ODS al interior de la universidad y en su contexto; y sirven para desarrollar liderazgos intersectoriales para coordinar y dirigir esfuerzos para alcanzar los ODS (SDSN, 2018: 8).

Sin embargo, la Agenda 2030 de los ODS sigue planteando grandes desafíos. Estos retos se han agravado con la epidemia global provocada por el virus COVID-19. La crisis sanitaria ha afectado a millones de personas; las defunciones se han multiplicado por cientos de miles de casos en todos los continentes. Para atender la crisis sanitaria, se aplicaron medidas de confinamiento sanitario, lo que se tradujo en una crisis económica profunda, cuyas consecuencias sociales plantean el deterioro del empleo, el incremento de la pobreza y de la desigualdad.

Durante el primer cuatrimestre de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020a) presentó su Informe Especial COVID-19 en el que se analizan los efectos económicos para América Latina derivados de la pandemia. Las estimaciones de la institución, apuntaron que el PIB de la región caerá en un 5.3% en 2020, mientras que el descenso de la actividad económica para México se estimó en -6.5% del PIB. Sin embargo, tres meses después, en el Informe del 15 de julio de 2020 (2020b), se ajustaron estas proyecciones, estimándose que el PIB regional tendrá un descenso del 9.1%, mientras que para México se espera una tasa del -9.0% (Ver Tabla 1).


Sin lugar a dudas, los más afectados por esta contingencia serán los amplios segmentos de la población mundial que viven en situación de pobreza y extrema pobreza. El organismo estima que la tasa de pobreza pasará de 30.2% a 37.3% en 2020, lo que significa un incremento de 45 millones de personas en condición de pobreza, pasando de 186 a 231 millones de pobres, y de 28 millones en pobreza extrema, considerando que el crecimiento de este rubro pasará del 11.0% al 15.5%.

El impacto y prolongación de la pandemia dibuja un panorama crítico para los siguientes años. Las expectativas de mejora como resultado de las acciones de la Agenda 2030 se han puesto en duda. Más que nunca, es imprescindible la cooperación de gobiernos, organismos sociales y productivos e instituciones educativas para atender los retos del desarrollo sostenible en un mundo post COVID-19.

Las universidades, continúan siendo un actor clave en el diseño, implementación y evaluación del desarrollo económico, social y ambiental. Su presencia activa y decisiva durante la pandemia ha sido significativa. En el corto y mediano plazo la presencia universitaria resulta fundamental, tanto para definir estrategias para atender la crisis sanitaria, económica y social, como para seguir respondiendo a los retos y aspiraciones de un mundo mejor propuestos por la Agenda 2030.

El desarrollo, como proceso social, ha evolucionado en su definición desde la década de los cincuenta del siglo pasado, pasando de una visión centrada en el desempeño económico a su concepción como un fenómeno de interés social, que atañe a toda la humanidad. El desarrollo con rostro humano se plantea como una perspectiva ética e integral orientada a responder a los grandes problemas que enfrenta la humanidad y preocupada por el desarrollo y bienestar de la gente.

La colaboración mundial acordada en 2000 para impulsar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio y, luego, en 2015 con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, han refrendado, por un lado, la comprensión de un desarrollo centrado en la gente y su entorno ambiental, y, por el otro, en la convicción de que el esfuerzo colaborativo a nivel global es el camino por el cual se puede transitar para encontrar respuestas a los problemas globales y construir una sociedad más justa, inclusiva y comprometida con un medio ambiente sustentable.

El compromiso social de las universidades las define como figuras clave en el impulso de acciones a favor del desarrollo local, nacional y global. A su labor educativa, de investigación y divulgación del conocimiento se suma hoy el compromiso de convocar y orientar los esfuerzos que en compañía de los diferentes grupos de la sociedad se pueden implementar para el logro de los ODS y de mejores condiciones de vida de toda la sociedad, particularmente de aquellos grupos considerados como vulnerables.

La presencia de la epidemia por COVID-19 ha venido a trastocar la vida de la humanidad. Los efectos que ha tenido en los diferentes ámbitos de la sociedad ha agudizado los desafíos que originalmente se habían previsto en materia de desarrollo humano y ambiental. En este sentido, cobra relevancia impulsar soluciones pautadas por el acuerdo, la colaboración y la suma de esfuerzos encaminados a propósitos comunes. Los ODS siguen siendo el referente, las alianzas y esfuerzos coordinados mundialmente son los mecanismos principales de esta estrategia. Sin duda, las universidades y las funciones sustantivas que llevan a cabo las acreditan como agentes cuya acción es un multiplicador de los empeños por construir un mejor mundo.


Fuentes

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ANUIES (2018), Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México. Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional. México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ANUIES.

Comisión de las Comunidades Europeas (2001), Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas: Unión Europea.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL (2020a), Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Informe Especial COVID-19 No. 2. Santiago: Naciones Unidas. CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL (2020b), Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Santiago: Naciones Unidas. CEPAL.

Licha, Isabel (2017), “Responsabilidad social de las universidades latinoamericanas y objetivos de desarrollo sostenible: oportunidades de desafíos”. En Educación Superior y Sociedad (ESS), Nueva etapa. Colección 25º Aniversario. Vol. 29. Caracas: Instituto Internacional de Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2014), Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa. Madrid: Observatorio de RSC

Organización Internacional del Trabajo. OIT (2010), La OIT y la responsabilidad social de la empresa (RSE). Helpdesk de la OIT No. 1. Ginebra: Programa de Empresas Multinacionales. Oficina Internacional del Trabajo.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010), Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SDSN Australia/Pacific (2018), Cómo empezar con los ODS en las universidades. Una guía para las universidades, los centros de educación superior y el sector académico. Melbourne: Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Australia / Pacífico. ACTS (Australian Campuses Towards Sustainability) y la Secretaría Global de SDSN. Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS / SDSN-Spain).

Vallaeys, François (2018), “Las diez falacias de la Responsabilidad Social Universitaria”. En Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, enero-junio, vol. 12, No. 1. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.