Hermosillo, Sonora a 3 de noviembre de 2017.
Con la convocatoria del Lic. Leopoldo González Allard, Director General
del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, instancia
del Congreso del Estado de Sonora, se celebró el 30 de octubre de 2017, en el
Auditorio Gilberto Gutiérrez Quiroz
del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de
Sonora, el Foro Perspectiva y Cambios de
la Ley de Planeación del Estado de Sonora. El evento
fue presidido por la diputada Lisette López Godínez, Presidenta del Congreso
del Estado de Sonora.
Se trata del primero de una serie de encuentros con especialistas,
miembros de la sociedad civil y representantes de los diversos sectores productivos
de la entidad, con los que se persigue recoger la opinión
sobre la Ley estatal de Planeación vigente, con el propósito de que se
reflexione acerca de su pertinencia y proponer las reformas necesarias para su
actualización.
Participaron
como ponentes los académicos de la Universidad de Sonora Dr. Miguel Ángel
Vázquez Ruiz y Dr. Joel Espejel Blanco del Departamento de Economía, así como
el Dr. Arturo Ordaz Alvarez, Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo y Maestro
Lauro Parada Ruiz del Departamento de Sociología y Administración Pública.
El
Dr. Vázquez Ruiz reflexionó acerca de la importancia de este instrumento para
el desarrollo de un estado que forma parte de la región fronteriza con el país
más importante del mundo. Señaló que se trata de un esfuerzo necesario, toda
vez que la fuerte presencia del mercado, desde la década de los noventa, como
actor principal del desarrollo económico no ha sido la mejor opción como
promotor del bienestar social. También, planteó que la reforma de la ley debe
cuidarse de tal manera que el Estado recupere su papel como coordinador de los
esfuerzos de toda la sociedad, particularmente en áreas que se han desatendido,
como el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Agregó
que con la planeación es necesario fomentar el proceso de evaluación con
indicadores intermedios y no en base a resultados finales; ello permitirá integrar
las energías de los sectores productivos, universidades y gobierno para
alcanzar los propósitos del desarrollo, teniendo la oportunidad de realizar
valoraciones intermedias y continuas para perfeccionar tales esfuerzos, más
allá de que concluyan los periodos gubernamentales.
Por
su parte, el Dr. Ordaz Alvarez apuntó que es una obligación constitucional implementar el Sistema de
Planeación Democrática, el cual no se formalizó en Sonora. Además, advierte que
en los últimos sexenios esta tarea gubernamental se ha deteriorado, enfrentando
distintos problemas en su concepción, implementación y evaluación. Argumentó
que el Plan de gobierno, el Plan de Desarrollo, por lo general se le ha visto
como un requisito formal, y en la práctica poco ha tenido que ver con dar una
orientación racional y previsora a la acción de gobierno.
Propuso
un cambio de visión acerca de cómo gobernar de manera democrática, honesta y
comprometida con resultados de calidad que impacten el desarrollo y bienestar
de los sonorenses. Fomentando el crecimiento económico y el empleo, respetando
las libertades personales y sociales y favoreciendo el bienestar de toda la
población del estado. El gobierno debe servir a los sonorenses y no servirse de
la buena voluntad y confianza de la sociedad. Agregó que desde el diseño del
Plan se debe responsabilizar al gobernante y no permitir que el plan se
confeccione por una casa consultora sino en base a las necesidades y demandas
sociales; además, propuso reglamentar la Ley a fin de definir facultades y
responsabilidades de los gobernantes; concluyó con la importancia de dar vida
al Sistema Estatal de Planeación Democrática.
En su ponencia, el
Dr. Espejel Blanco planteó que por diversos motivos es un imperativo la reforma
a la Ley de Planeación estatal. Primero, señaló, se ha decretado la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con el fin
de definir criterios rigurosos de responsabilidad hacendaria y financiera de
los gobiernos estatales y municipales, lo cual se convierte en un referente
para plantear los cambios a la Ley. Comentó la necesidad de alinear esta Ley
estatal con las disposiciones de la Ley federal de Planeación, al igual que se
tendrán que considerar instancias que actualmente no comprende, como el Instituto
Municipal de Planeación y el Comité de Productividad y Competitividad.
También, propuso estudiar
las condiciones económicas del estado y la región, y trazar estrategias para
atender el tema de la deuda de estados y municipios, aprovechado la posición
estratégica de la entidad como parte de la faja fronteriza con Estados Unidos.
Agregó que coincide con los ponentes que le antecedieron en la necesidad de que
con la reforma a la Ley se trabaje también su Reglamento, de manera que sirva
para que, además de darle operatividad, se establezcan responsabilidades a los
funcionarios estatales y municipales.
El Dr. Bravo
Castillo reflexionó sobre la extraterritorialidad del Plan, toda vez que éste
va más allá de las fronteras de la entidad federativa. Destacó que otro punto
al que se debe poner atención es la verticalidad con la que funciona nuestro
federalismo; al respecto, señaló, se tiene que considerar, además de los tres
ámbitos que lo componen, la configuración y participación en diferentes
regiones, como la Noroeste o la región Sonora-Arizona, por ejemplo. En el mismo
sentido, se tendría que pensar en la construcción de megalópolis, en las
exigencias de una mejor planeación urbana y de estudios de futuro, así como en sus
consecuencias para el desarrollo de las poblaciones y áreas involucradas.
Propuso que la nueva
ley contemple mecanismos para medir la felicidad de la gente, medir su calidad
de vida, e impulsar la planeación estratégica. En esta perspectiva, concluyó,
es necesario definir tres principios filosóficos que fundamenten la planeación:
la calidad, la innovación y los estudios de futuro. El Dr. Ordaz Alvarez propuso
agregar un cuarto elemento, la filosofía del buen gobierno, responsable y
honesto.
El profesor Lauro
Parada Ruiz destacó la idea de que la Ley debe ser revalorada, pues más que un
instrumento operativo del gobierno debe asumirse como una filosofía de
actuación, como compromiso con los ciudadanos y con el desarrollo de la
entidad. Reconoció las dificultades que se han presentado para ponerla en práctica
en los últimos años, olvidándose la manera efectiva en que se instrumentó y
operó durante su etapa de inicio.
Agregó que esta
tarea requiere que la Ley, además de reformarse, se dé a conocer en todos los
órdenes de gobierno, en los diversos sectores productivos y entre la población
en general. Destacó que la participación social se vuelve relevante para que
esto ocurra, ya que, desde el diagnóstico de las condiciones de desarrollo,
pasando por la instrumentación, implementación de programas, proyectos y
presupuestos, así como su evaluación y control, la interacción del gobierno con
los gobernados permite dar certeza a los compromisos y acciones del plan. Al
final, se sumó a la necesidad de reglamentar la Ley, poniendo particular atención
al manejo eficiente y honesto de los programas y presupuestos gubernamentales.
El Foro cerró con el resumen y
conclusiones del Dr. Rafael Castillo Esquer, Coordinador del Centro de Asesoría
Financiera y Emprendimiento Social (CAFES) del Departamento de Economía. Se
hizo el compromiso de seguir colaborando desde los espacios educativos en este
proceso de consulta para que el ejercicio legislativo permita la concreción de
las reformas necesarias que requiere esta Ley.
