Hermosillo, Sonora a 15 de Diciembre de 2016.
Presentación
La propuesta
neoliberal, impulsada desde la década de los setenta, tiene como sustento la idea de permear a la acción gubernamental con un
espíritu emprendedor propio del que se aplica en la administración privada; si
bien, éste no se trata de un tema novedoso, pues desde los orígenes de la
escuela ortodoxa norteamericana se apeló a la incorporación de las ideas y
prácticas del ámbito de los negocios privados al interior de las oficinas
gubernamentales.
Con la globalización y la regionalización de la economía mundial, el
proyecto neoliberal se propuso la redefinición del perfil y papel de la
sociedad, el mercado, la administración pública y el Estado, con el fin de
homogeneizar estructuras, procesos, funciones y comportamientos propicios al
nuevo entorno internacional. En esta perspectiva, los argumentos disciplinarios
se volcaron al análisis y reproducción de propuestas acerca de la privatización
y simplificación de procesos, el servicio al cliente, la calidad de los bienes
y servicios producidos, la mejora regulatoria, el aprovechamiento de la cibernética
en la toma de decisiones, la visión estratégica como rectora de la acción del
gobierno, la agenciación, la eficientización económica de las oficinas
gubernamentales, en fin, la implantación del espíritu empresarial como motor de
los programas y proyectos del gobierno.
Este trabajo
tiene como referente una investigación del autor en donde estudia el desarrollo
disciplinario de la Administración Pública, desde la segunda mitad del siglo XX
y las primeras dos décadas del actual siglo. En
él se reflexiona sobre el derrotero seguido en
el estudio de la Administración Pública, además, revisa enfoques
contemporáneos distintos que explican el rol de las instancias gubernamentales
en la atención de los problemas sociales y su compromiso para instituir un buen gobierno en el contexto de una sociedad democrática.
El estudio de la Administración Pública: dos perspectivas
El estudio de la Administración
Pública en el mundo moderno ocurre a partir de los trabajos del francés
Charles-Jean Baptiste Bonnin. En 1808 este intelectual, precisó que la Ciencia de la
Administración es aquella
disciplina cuyo propósito central es el estudio de las materias relativas a la
administración, de la administración pública, es decir del gobierno en acción
frente a la sociedad; en su trabajo de sistematización del estudio de la
administración (Bonnin, 2004), propuso clasificar el análisis dividiéndolo en administración
pública y administraciones especiales (ramas de la primera).
Charles-Jean Baptiste Bonnin
Atrás del pensamiento de Bonnin
se encuentran las ideas de los Enciclopedistas de la Ilustración francesa del
siglo XVIII, tales como Diderot, d’Alambert, Montesquie, Quesnay, Rousseau,
Turgot y Voltaire, entre otros. Pero, con seguridad, aunque es un crítico de
Johann Heinrich Gottlob Von Justi, Bonnin recogió la rica experiencia y el
desarrollo teórico de los cultivadores de la llamada Ciencia de la Policía,
nombre con el cual se conocía a la Ciencia de la Administración durante los
gobiernos monárquicos absolutos previos a la Revolución Francesa, particularmente
del centro europeo. Es precisamente este trascendental suceso histórico y
social el que enmarca la obra de Bonnin; al definirse como el punto de
inflexión para el surgimiento y posterior desarrollo de la sociedad y el Estado
moderno, la Revolución planteó a Bonnin la conveniencia de formular un código
administrativo que diera cuenta y permitiese mejorar la marcha de los
mecanismos de operación del aparato gubernamental conforme a la idea de un
régimen republicano, liberal, igualitario y fraterno como se propuso en la
Revolución.
Los fundamentos de la
administración pública, según Bonnin, los encontramos en la sociabilidad del
hombre. Precisamente, los vínculos que forjan los hombres con su interactuación
son la respuesta que han encontrado para atender las necesidades que de manera
individual no podrían solventar. De ahí la importancia de comprender los
principios de la Ciencia de la Administración en el sentido de que la
administración es resultado de la asociación de los hombres, de la vida en comunidad;
que el propósito fundamental de existir de esa administración es el bienestar
de la sociedad, la conservación de la comunidad; por lo tanto, que en la acción de la administración se
materializa el gobierno de la comunidad; y que esta acción administrativa
responde al provecho social y público mediante la ejecución de las leyes de
interés general.
En 1887 se publicó en el Political Science Quarterly, el famoso “Estudio de la
Administración Pública” de Woodrow Wilson. Considerada la obra fundacional del
estudio de la Administración, en general, y de la Administración Pública, en
particular, en los Estados Unidos, su impacto, sin duda, ha prevalecido hasta
nuestros días. Ya al definir el objeto de estudio de la Administración trasladó
el estudio de la relación entre gobernantes y gobernados, y la acción de los
primeros encaminada al beneficio de los segundos, a la manera en que ocurre la
acción gubernamental ponderada en términos de resultados. Apuntó Wilson que «El objeto del estudio administrativo es descubrir, en primer lugar, lo que el gobierno puede hacer adecuadamente y con éxito, y, en segundo lugar, cómo puede hacer estas cosas adecuadas con la mayor eficiencia posible y al menor costo posible, ya
sea de dinero o de
energía.» (Wilson,
1887: 197)
Woodrow Wilson
Wilson reconoció a la
administración como el último fruto del estudio de la Ciencia Política. La
concibió como «…la parte más obvia del gobierno; es el gobierno
en acción; es el ejecutivo,
el operativo, la cara más visible del gobierno en acción…» (Wilson, 1887: 198) Para fines
del siglo XIX, observó Wilson, este objeto de estudio se había
transformado, aumentado su tamaño y
haciendo sentir su presencia en gran parte de los ámbitos de la vida social. La
preocupación del autor norteamericano era sistematizar y dar formalidad a esa
acción y purificar y reforzar su estructura organizacional de manera que
pudiera cumplir con sus deberes de manera escrupulosa.
Considerando que el campo de la
administración es un ámbito de trabajo, de negocios, plantea que debe estar
exento de la urgencia y distensión que se vive en la política. Si bien, para
Wilson la administración no es sólo técnica y métodos de cálculo, pues ella
constituye parte de la vida política, y está conectada, de manera permanente,
con los principios superiores de la política.
Wilson, sin embargo, no pone a discusión que el objeto de estudio
administrativo es «…rescatar a los métodos ejecutivos
de la confusión y el elevado costo de la experimentación empírica y colocarlos sobre bases
profundamente establecidas en principios estables.» (Wilson, 1887: 210)
Hombre de su tiempo, propone la
racionalidad científica como sustento de la acción administrativa, alejando a
ésta de los contratiempos y dificultades que suceden en la esfera política.
Basándose en las ideas forjadas en el viejo continente, en particular las de
Gasper Bluntschli, Wilson advierte que la política sustancia la acción del
Estado comprometido con asuntos relevantes y universales, en tanto que la
administración lleva a cabo su acción en la atención de asuntos particulares y
concretos que concretan el interés de la política.
Estas consideraciones de la
ortodoxia norteamericana sobre la distinción de la política y la administración
llevaron posteriormente a proponer la dicotomía
política-administración presente en
argumentaciones disciplinarias y de la vida profesional de los servidores
públicos a lo largo de todo el siglo XX y extendiéndose hasta los umbrales del
XXI. Si bien Wilson, al final de su artículo, reconoció a la política como la piedra de toque para la teoría
administrativa, puntualizando que la ciencia administrativa de su país tendría
que basarse en los principios que la policy
democrática tiene muy arraigados en su corazón (Wilson, 1887: 220).
La perspectiva empresarial en el estudio de la Administración
Pública
A mediados del siglo pasado,
Dwight Waldo (1948) señalaba que el utilitarismo había tenido gran influencia
en los primeros estudios sobre la Administración Pública en su país; incluso,
argumentaba Waldo, si bien en su tiempo él y otros insistían en diferenciar a
la administración pública de la privada, y por consecuencia en su trato
teórico,
«…en general, la ideología y los procedimientos de los negocios
siguen siendo aceptados, consciente o inconscientemente, como buenos. Incluso
aquellos miembros de la comunidad de la Administración Pública que desean
ampliar el control del sector de los negocios en nombre de un mayor bienestar
general se hallan dispuestos, por lo general, a aceptar los mecanismos y
métodos -y el espíritu, más de lo que creen- de la comunidad de los negocios en
la que están insertos.» (Waldo,
1948:42).
En los cimientos de la ortodoxia
norteamericana se reconoce el influjo de las ideas y métodos del sector
empresarial. En paralelo con el desarrollo de las primeras aportaciones al
estudio de la Administración Pública, el movimiento de la administración
científica (scientific management),
también preocupado por la aplicación y desarrollo de la racionalidad de la
ciencia en el estudio administrativo y por la productividad en la industria y
el comercio, aportó un conjunto de principios y mecanismos encaminados a
sistematizar su comprensión y empleo; esta coincidencia de intereses propició
que las ideas y estrategias del mundo de los negocios fuesen asimilados de
manera natural en el ámbito gubernamental, bajo la consigna de que lo que ha
resultado conveniente en una corporación privada puede, también, resultar
benéfico en las oficinas del gobierno.
Dwight Waldo
Según Waldo (1948: 47-48),
compartir el espíritu del positivismo, que pondera a la ciencia y tecnología
como motor del progreso social, llevó a sumar esfuerzos en pos de los intereses
de la humanidad. En este sentido, la Administración Pública, basada en la
Ciencia Política, adquirió su identidad sobre una base científica, objetiva;
por su parte, el movimiento de la administración científica se propuso colocar
la vida económica del ser humano sobre fundamentos científicos. Con la
identificación de leyes y principios científicos se pretendió eliminar la improvisación
e incertidumbre. Sin embargo, la introducción acrítica de los fundamentos
empresariales en el ámbito del gobierno ha creado confusión en la definición
epistemológica de la Administración Pública como en su comprensión ontológica.
La Nueva
Administración Pública y los Modelos de Gestión
La crisis mundial de la década de
los setenta, reflejó el desgaste del modelo de desarrollo Keynesiano y del
Estado del Bienestar y desarrollista sustentado en una fuerte y amplia
intervención estatal en la economía.
La realidad que se presentaba
entonces estaba integrada por la combinación de inflación con desempleo, además
del estancamiento de las economías y la agudización de las tensiones económicas
internacionales debidas al alza incontrolable del precio de los energéticos y
el mal manejo de la deuda externa de los Estados nacionales.
Para atender esta compleja
situación, se propuso, además de resolver esta problemática, llevar a cabo
«…una revisión de las fallas y excesos del Estado Benefactor, que a la postre
se habían traducido en un burocratismo ineficiente, un Estado omnipresente y
sobrerregulador de las condiciones del Mercado y, a la vez, en una institución
financieramente deficitaria.» (Ordaz, 1999: 13) La salida a la crisis se basó
en las prescripciones de los departamentos de economía y de negocios de la
Escuela de Chicago. Las primeras medidas gubernamentales se aplicaron durante
el gobierno de Margaret Thatcher en Gran
Bretaña a principios de los ochenta y mediante una política similar en Estados
Unidos por parte de la administración Reagan.
Con el resurgimiento de los
principios del laissez faire se
cuestionó fuertemente el tamaño y las funciones del Estado, recuperando para el
Mercado su rol principal en la asignación de recursos. Este Proyecto Neoliberal se tradujo en
amplios y drásticos procesos de privatización de empresas y servicios
gubernamentales, en la descentralización de organismos y procesos
administrativos y operativos del Estado, la simplificación y desregulación de
mecanismos para facilitar la inversión y hacer más competitivos a los capitales
y mercados, y una progresiva integración a la economía internacional mediante
la configuración de bloques económicos regionales y el aprovechamiento de los
avances científicos y tecnológicos en un contexto de globalización cada vez más
complejo y cambiante.
En el ámbito del estudio de la
Administración Pública diversos teóricos consideraron pertinente revisar los
fundamentos y operación de la acción del gobierno. Bajo la propuesta de construir
una Nueva Administración Pública, se
puso atención a la manera de actuar del gobierno en contextos de democracia, de
asumir la responsabilidad pública y ética en asuntos de equidad, así como
atender las relaciones humanas y el proceso decisorio al interior de las
organizaciones.
Se agregó a estos intereses
disciplinarios la discusión sobre la eficiencia y moral del cuadro
administrativo en su desempeño al interior de los organismos del Estado, y
también se recuperó el tema de la
cientificidad de la Administración Pública. En este sentido, se importó desde
la Economía la Teoría de la Elección
Pública y el Individualismo
Metodológico, bajo el argumento de justificar «…la necesidad de existencia
del gobierno en razón de su capacidad para llegar a la toma de decisiones
colectivas y maximizar así el bienestar individual, (por lo cual es
primordial)… generar los marcos de actuación de aquel y crear espacios acotados
de actuación gubernamental que permitan en todo momento el control político de
la sociedad.» (Ramírez y Ramírez, 2011: 80) De esta suerte, se buscaba
fortalecer el carácter científico de la Administración Pública, alentar la
colaboración al interior de las organizaciones y lograr un gobierno más
democrático y eficiente.
La aplicación de los programas de
corte Neoliberal se fortaleció con la institucionalización del llamado Consenso
de Washington en 1989. Resultado de una conferencia convocada por el Instituto
de Economía Internacional, organismo del Banco Mundial, este programa de
reformas se concibió como necesario para promover la prosperidad de los países
de América Latina; su objetivo fue definido en términos de «…orientar a los gobiernos de países en
desarrollo y a los organismos internacionales a la hora de valorar los avances
en materia económica de los primeros al pedir ayuda a los segundos. » (Casilda,
2005: 3) La preocupación de Estados Unidos por sus intereses estratégicos y
comerciales en la región llevó a la definición de 10 instrumentos de política
económica que, en última instancia, le dieran seguridad de recibir el pago de
intereses de la deuda exterior por parte de los países latinoamericanos.
Casilda (2005: 4-6) ha consignado que
este programa macroeconómico consideró imprescindible la disciplina presupuestaria, para resolver los problemas de déficit
presupuestario y deuda externa, así como un requisito para recibir préstamos
por el Fondo Monetario y el Banco Mundial;
reorientar el gasto público, mediante
la eliminación de subsidios y canalizándolo a las áreas sociales de sanidad,
educación e infraestructura; impulsar una reforma
fiscal, centrada en la instauración de una base impositiva íntegra y
amplia, teniendo como referente principal la recaudación del impuesto a la
renta; someter el tipo de interés a
las condiciones del mercado, buscando que fuesen moderadamente positivos para
evitar la evasión de capital, promover el ahorro interno y fomentar la
inversión; de igual manera, se propuso que el
tipo de cambio fuese determinado por el mercado, constituyéndose como un
tipo de cambio real y competitivo.
Con relación al sector exterior, se
planteó la Liberalización
comercial, buscando fortalecer el mercado internacional
globalizado; en el mismo sentido se promovió una política de apertura para
la inversión extranjera directa, buscando liberalizar los flujos
financieros y la movilidad de tecnología y experiencias entre países;
consecuente con las medidas de austeridad y reforma de los años previos, el
Consenso impulsó una política de privatizaciones, teniendo como
argumento respaldar el saneamiento de las finanzas públicas; de igual manera se
propició una política desreguladora con el propósito de fomentar la
competencia en la región; finalmente, el Consenso se empeñó en establecer y
garantizar los derechos de propiedad, fundamentales en la lógica del
sistema capitalista.
Simultáneamente,
en el terreno del estudio del gobierno, se promovió una nueva gerencia o manejo público, cuya tarea sería la de conformar un gobierno
competitivo. La renovación del espíritu empresarial en las organizaciones
estatales retomó un nuevo impulso (Ordaz, 2010: 41), pues se condujo con una
visión más allá del tradicional Management,
pasando a un gerenciamiento más del tipo Entrepreneurship acorde con los tiempos de la globalización, el
cambio y la incertidumbre, llevando a pensar en la importancia de dar vida a un
nuevo empresario de gobierno con carácter innovador. El interés por reducir el
tamaño del Estado, presente en las primeras reformas, pasó a un segundo plano,
pues lo importante, desde esta perspectiva, es la reinvención del gobierno que hace posible mejorar la eficiencia con
la que atiende los asuntos públicos de su interés, como son la seguridad, la
educación y la salud, mejorando sus prácticas y fungiendo como catalizador de
la dinámica social.
Apunte final. Significados y reconsideraciones
Desde la década de los noventa, la nueva
gestión pública promovió una nueva cultura organizacional al interior de
las dependencias y entidades de gobierno. Hacia afuera del espacio
gubernamental, la nueva gestión tuvo
como tarea preparar las condiciones propicias para el desenvolvimiento de la
globalización, dirigiendo sus servicios y productos hacia sus “clientelas”, en
un marco de competencia y de eficiencia en su rendimiento que se consideraba
necesario para trazar los puentes entre lo global y lo local. La nueva
gestión asumió el compromiso de asegurar que la producción y
distribuciones de insumos y productos -en proceso y finales- ocurriesen en un
mercado competitivo en el que la desregulación y la mejora regulatoria
produzcan las bases institucionales adecuadas para la competencia mundial.
La nueva gestión o
manejo público implica, por lo tanto,
un nuevo modelo o estrategia de gobierno, asociado a las políticas Neoliberales
aplicadas de manera contundente en nuestro continente, y a las medidas
propuestas por el Consenso de Washington que en su aplicación reafirmaron las
medidas de ajuste y privatización y marginaron los propósitos que estableció en
relación con la equidad y mejora de las condiciones de vida de la población.
Según lo plantea Omar Guerrero (2004:
53-69), los rasgos esenciales del nuevo
manejo público se definieron en
términos de: su Orientación al Cliente,
considerando que al igual que estos operan en un mercado competitivo también
deben hacerlo al exigir al gobierno los bienes y servicios que necesitan,
cubriendo los estándares de calidad que dicha clientela espera de su relación
con el gobierno; respaldándose en la Privatización
como proceso de racionalización del tamaño y operación del Estado, y como un
medio para reducir el déficit público, generar fuentes adicionales de ingresos
al erario público, la apertura del espacio gubernamental a la competencia, y el
establecimiento o ajuste del marco normativo para incentivar a la iniciativa
privada y el mercado.
Se considera, agrega el Dr. Guerrero,
al Mercado como el gran referente de
la economía actual, pero, también, desde esta perspectiva, de la política y en
particular para los organismos estatales, de manera que viabiliza las políticas
de privatización, desregulación y mejora regulatoria, los incentivos para la
competencia, la transparencia y rendición de cuentas, la eficientización
organizativa y operativa de las dependencias y empresas públicas, así como el
desarrollo de procesos y la medición de resultados, entre otros aspectos; el
otro rasgo fundamental de este esquema es la Competencia, el proceso esencial característico del funcionamiento
del sistema capitalista, cuyas consecuencias deseadas en el ámbito
gubernamental son que, en la medida que ésta ocurra, se vean reflejadas en el
incremento de la calidad de los servicios de sus proveedores y los que
canalizan a sus clientes, y, también, que los costos de sus procesos se
optimicen a medida que se busca su posicionamiento en el mercado o el
reconocimiento de sus clientes.
Aun cuando los implementadores de
las políticas neoliberales insistieron en este tiempo acerca de los beneficios
que acarrearía su aplicación en países en desarrollo, el incremento de la
pobreza y extrema pobreza, y las consecuencias asociadas a ellas, en todo el
mundo dan cuenta de la cruel realidad que se vive. Bernardo Kliksberg ha
denunciado que:
«La pobreza masiva constituye un escándalo en un mundo que ha
alcanzado posibilidades excepcionales de producción de bienes y servicios. Los
acelerados descubrimientos en biotecnología, genética, ciencias de los
materiales, comunicaciones, y otros campos han disparado las potencialidades
productivas. Sin embargo, no llegan a incidir en la vida cotidiana de los
pobres y, por el contrario, su número crece (son 4,100 millones actualmente).
Detrás de la pobreza hay una aguda desigualdad que la genera, la reproduce y la
amplía.» (Kliksberg, 2001: 36)
La realidad ha evidenciado la
crisis del pensamiento económico convencional sobre el cual se han postulado
las medidas de reforma y ajustes. La compleja realidad ha demostrado que
recetas homogéneas que privilegian planteamientos económicos no son suficientes
en la medida que esta complejidad, exponenciada por el mismo proceso globalizador
del sistema capitalista, exige un diagnóstico más preciso, multidimensional que
incorpore el debate con los destinatarios de tales prescripciones. En esta
reflexión se requieren, además de las soluciones técnicas, soluciones de
diversa índole: sociales, políticas, culturales, económicas, de sustentabilidad
ambiental, científicas y tecnológicas, de desarrollo institucional y formación
de capacidades, de corte ético, de aliento a la democracia, la justicia y los
derechos humanos, etc.
En la
discusión disciplinaria sobre la revaloración del Estado y la administración
como alternativa a los planteamientos de corte neoliberal y a las estrategias
de la nueva gestión pública, se ha
recuperado el sentido propuesto por el análisis y diseño de políticas públicas, en cuanto a los
componentes que necesariamente deben considerarse en tales procesos: la
racionalidad gubernamental y la publicidad como elemento que democratiza la
acción pública, que provee información fundamental para la toma de decisiones y
que brinda legitimidad al gobierno. Con base en ello, ante los graves problemas
de inequidad, se ha considerado una perspectiva alternativa para el quehacer
gubernamental, la gerencia social
desde el gobierno, para que, mediante la integración social (construcción de capital
humano, potenciación de capital social y generación de oportunidades) y la
apertura de espacios de participación social hacia una democracia deliberativa,
se generen soluciones integrales para enfrentar la pobreza y la desigualdad, y
a sus problemas asociados. (Canudas y Lorenzelli, 2005: 5)
Más allá de
la consideración moral en términos de legitimidad que representa la
participación social, ésta se ha convertido en los últimos años en una
estrategia para diseñar e instrumentar políticas públicas de atención a los principales
problemas que aquejan a la sociedad, para impulsar proyectos productivos de
beneficio colectivo y para propiciar una nueva relación con el gobierno. Es un
medio para la publicidad en la actuación del gobierno, una forma de expresión
de la vida democrática y un espacio al que se debe atender durante todo
esfuerzo de gobernabilidad democrática.
Estas reflexiones, incluso, han
permeado a los organismos financieros internacionales. Por ejemplo, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), ha puesto atención a estos asuntos,
buscando trascender las reformas impulsadas desde sus oficinas, y proponiendo
replantear mediante mecanismos democráticos la gobernabilidad de los países de
la región, focalizar esfuerzos para atender el problema de la pobreza y
promover la inclusión social, impulsar la justicia hacia toda la población,
mejorar las capacidades institucionales y administrativas de loa gobernantes y
sus cuadros administrativos, y fomentar la gestión social como expresión de las
tareas del gobierno ante los retos del desarrollo.
Instrumentos promovidos desde el
enfoque de nueva gestión pública,
como la gestión por resultados, se colocan y valoran ahora en el contexto en
que se aplican, los países en vías de desarrollo, y se proponen como una
alternativa para impulsar el bienestar y mejoramiento de las condiciones de
vida de la población la gestión para
resultados en el desarrollo de la región (García y García, 2010: 5). Si
bien se le considera como un medio para combatir los efectos nocivos gestados
en el seno del modelo tradicional burocrático, como el clientelismo, la
corrupción, la opacidad y dilación administrativa, etc., se ve en este tipo de
gestión un medio para imprimir mayor racionalidad a los sistemas
administrativos, fomentar la democracia y la equidad social, así como hacer un
mejor uso de los recursos de que dispone el Estado y condicionar su planeación,
gestión, monitoreo y evaluación.
De esta manera se viene reflexionando
que las acciones de carácter eminentemente técnico-administrativo, cuando se
trata del gobierno, tienen consecuencias políticas, tanto de índole social como
pública. Esto significa, desde otra perspectiva, que el Estado y sus
organizaciones tienen como compromiso de desarrollar una gobernanza democrática.
Es decir, como lo ha consignado Peters, si bien es importarte preocuparse de
manera «…funcional por la capacidad de
tomar decisiones, también debieran preocuparse por la forma en que esas
decisiones se toman. En particular, la democracia también debiera llegar a ser
un estándar para la gobernanza.» (Peters, 2007: 5)
Como se ha planteado, a través del
tiempo el estudio de la Administración Pública ha estado en contacto con las
teorías, principios, métodos y herramientas del mundo de los negocios. El nuevo manejo público ha formado parte de
las estrategias propuestas por el Neoliberalismo para configurar, primero, un
Estado mínimo y funcionalmente limitado, y, posteriormente, impulsar un modelo
de gestión alternativo al tradicional burocrático y conveniente con el proceso
de apertura comercial y la globalización. Esta coincidencia de propósitos ha
tenido consecuencias negativas, tanto en el plano del bienestar social y del
mejoramiento de la calidad de vida de la población como en perversión del
sentido vital del Estado mismo así como en
el cumplimiento de los compromisos funcionales de las instancias
gubernamentales.
Se ha propuesto sumar esfuerzos para
reconfigurar este estado de cosas y perfilar un Estado social inteligente (Kliksberg, 2010), considerando que éste
y la administración pública tienen su origen en la sociabilidad del hombre, y
que su razón de ser se desprende de su doble naturaleza, política y
administrativa, para consolidarse como entidad política y pública y para
atender las necesidades y expectativas sociales (Guerrero, 1981). Lo cual lleva a pensar que, en un contexto
relacional entre Estado y sociedad (Jessop, 2008), su estudio es multifactorial
y no sólo determinado por criterios económicos, los que, a su vez, forman parte
de este entramado de relaciones sociales que en su evolución interactúan con
otros ámbitos como el social, el político, el institucional, el ambiental, el
tecnológico, etc.
Finalmente, hay que resaltar que la
asunción de modelos interpretativos y estrategias de acción gubernamental
importadas de manera acrítica tendrán, en principio, resistencias e incluso
rechazo en el ámbito de su aplicación. Si estos planteamientos son propios de
otros contextos, su éxito se torna dudoso, toda vez que la misma receta no
aplica igual a dos pacientes con características fisiológicas distintas, y de
igual manera ocurre en el caso de los países si el traslado de estas políticas
se da hacia un ámbito con rasgos regionales diferentes o incluso diametralmente
opuestos. Más aún, si con su implementación atentan contra el desarrollo,
bienestar social y calidad de vida de la población.
En nuestro contexto se han planteados
caminos alternativos (CLAD, 2010) a la visión que se ha aplicado en los últimos
años en nuestra región, el cual se fundó en un interés fuertemente economicista
y una concepción minimalista del Estado. En un ámbito donde las desigualdades
sociales son profundas, dicho modelo las acentuó. Cabría, entonces reflexionar
y pugnar por opciones como estas otras que insisten por actuar en favor de la
democratización de las instituciones políticas y la gestión gubernamental;
apuntalar los procesos y sistemas de profesionalización de los servidores
públicos -en todos sus niveles- con el fin de mejorar sus capacidades y
alimentar su compromiso de servicio; modernizar al gobierno mediante el
aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos, realizando acciones
para su desburocratización y favoreciendo criterios de eficiencia, efectividad
y democratización del Estado, con el compromiso de dar resultados para el
desarrollo de la población; mejorar las capacidades estatales para replantear
los patrones de gobernanza pública, mediante procesos de descentralización,
coordinación, tejido de redes con organismos y grupos de la sociedad, orientar
de manera racional la acción de gobierno sometiéndola al escrutinio público y
haciendo efectivo el principio de
responsabilidad de quienes no cumplan con sus compromisos o afecten los
intereses de la sociedad; impulsar una ética pública, la cultura de la calidad
en el servicio y los principios democráticos como una forma de mida y actuación
de los gobernantes.
El significado etimológico de administración pública es servir al pueblo. Es imprescindible
retomar y valorar el sentido de lo que hemos construido a través de los siglos.
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