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domingo, 5 de febrero de 2023

La Constitución Política de México

 

La Constitución de 1917. Jorge González Camarena (ca. 1967). Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec

Hemos llegado con felicidad al punto de transición entre dos etapas importantísimas de la vida nacional, y cerrando con patriótica entereza la etapa netamente revolucionaria, la etapa de la fuerza y de la sangre, abrimos el período de la legalidad, la etapa del orden constitucional, después de consignar en la nueva Carta Magna los principios fundamentales que fueron la causa, la bandera y el aliento de la Revolución encabezada por el C. Carranza, a quien se rinde este justo homenaje de adhesión y de cariño. 

Gral. Pablo González. Discurso ante el Congreso Constituyente de1917.

 Hermosillo, Sonora a 5 de febrero de 2023.


Relevancia de la Carta magna

El 5 de febrero los mexicanos conmemoramos la promulgación de nuestra Constitución Política. Coincidentemente, en esta fecha se promulgaron los dos proyectos de nación más relevantes para el país: la Constitución Política de 1857 y la del año 1917, la que actualmente nos rige. Cabe señalar que estos magnos documentos fueron precedidos por la Constitución de Apatzingán, la cual fue sancionada por el Congreso de Chilpancingo el 22 de octubre de 1814.

La Constitución Política del país constituye la norma fundamental que rige a los mexicanos. De ella se desprenden las reglas de convivencia que acordó el Congreso Constituyente instalado en diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro, y que a través del tiempo hemos venido ajustando a las condiciones de vida de las generaciones subsecuentes.

La relevancia de este documento normativo quedó constatada desde su formulación, al sumar a los principios del liberalismo del siglo XIX consignados en la Constitución de 1857 los derechos sociales sustrato de las demandas sociales expresadas desde el comienzo del movimiento revolucionario iniciado en 1910 contra las condiciones de vida excluyentes impuestas por la dictadura porfirista. Así, se integraron en la ley fundamental los derechos y libertades del hombre y los derechos sociales plasmados en los artículos 3, 27 y 123; es decir, las garantías individuales y sociales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concibe como nuestro proyecto nacional, nuestra idea de Nación. Representa el marco institucional de referencia con base en el cual organizamos nuestra conducta como ciudadanos y la relación que mantenemos con el gobierno. Es la forma que definimos para conducir nuestra vida social, de allí la importancia de conocerla y actuar de conformidad con sus prescripciones.

Promulgación de la Constitución de 1917

Contenido constitucional

Esta norma fundamental se integra por 136 artículos y 19 transitorios, en donde se definen los derechos humanos y sus garantías, se caracteriza a los integrantes de la población y a los ciudadanos mexicanos, se define a la soberanía nacional y la forma de gobierno mediante la cual nos asumimos como una República representativa, democrática, laica y federal.

La Constitución también describe la forma en que se conforma el territorio nacional y precisa la manera en que se integra la federación. Incluye, también, la conformación de la División de Poderes, es decir, define, caracteriza y analiza la renovación y operación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En el mismo sentido, establece la forma en que se organizan y funcionan, en sus respectivos ámbitos de competencia, los estados de la Federación, el gobierno de la Ciudad de México y los Municipios.

Finalmente, nuestra Carta magna prevé los mecanismos que pueden implementarse para su renovación y actualización a fin de dar respuesta a las expectativas, demandas y necesidades de la población; esto en el sentido que considera la manera en que pueden procesarse las adiciones y reformas necesarias para el perfeccionamiento de su articulado.

Venustiano Carranza y Diputados Constituyentes 1916-1917

Conocimiento y estudio de los preceptos constitucionales

La Constitución también puede ser analizada desde la perspectiva del Estado de Derecho. De allí que se constituyente en un componente fundamental para orientar la gobernanza democrática, promover la paz y el orden, así como la gobernabilidad. El sometimiento a la ley fundamental, a la Constitución, nos acerca al ideal de vida social al que aspiramos.

De esta manera, resulta imprescindible el conocimiento del contenido constitucional, con el fin de compartir y experimentar conceptos comunes, así como definir y construir, con base en su guía, alternativas de crecimiento, desarrollo y bienestar para todos. Un planteamiento que puede ejemplificar esta perspectiva es la que hace un tiempo se detalló en el llamado Sistema Nacional de Planeación Democrática, reconocido en la misma ley fundamental, donde se plantea que el desarrollo de nuestra nación deberá impulsarse desde el gobierno con la concurrencia de los diferentes sectores de la sociedad.

Las universidades, y el sector educativo en general, son fundamentales en la labor de difundir los preceptos constitucionales y educar en la mejor manera de implementarlos en la vida cotidiana. La forja de ciudanía requiere de estos empeños.

Desde sus primeros años de existencia, la Universidad de Sonora se ha comprometido con esta tarea. Varios de sus programas educativos de licenciatura y posgrado incluyen el estudio obligatorio, y en otros casos de manera optativa, el marco normativo que rige los distintos ámbitos de la vida social en nuestra entidad. Esta es una labor loable en tanto que, como se señaló, aporta a la construcción de una ciudadanía más consciente y, por qué no señalarlo, más comprometida con el desarrollo y bienestar de la población en general.

Dada nuestra naturaleza social, la participación ciudadana en los asuntos de interés público resulta imprescindible. La mejor manera de que esto ocurra es que se dé en los términos que se definen en el marco constitucional y de las leyes que derivan de él.

Venustiano Carranza. La Cañada, Querétaro. 1916


sábado, 30 de abril de 2022

Ciclo de Conferencias de Administración Pública 2022

Hermosillo, Sonora a 30 de abril de 2022.

Organizado por el Programa Académico de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Sonora, se presentó el Ciclo de Conferencias de Administración Pública 2022, celebrado durante los días 25 al 28 de abril del año en curso.

En calidad de coordinador de la organización del evento, el profesor Arturo Ordaz Álvarez, señaló que se celebraron cuatro conferencias abordando los siguientes temas por los respectivos conferencistas:

      Arturo Ordaz Álvarez. Estado de Derecho y Ética Pública en el gobierno. 25 de abril

      Gilberto Gutiérrez Quiroz. Panorama de la administración pública y el Sistema Político. 26 de abril

      Martha Cristina Chávez Favela. Trascender la Procrastinación. 27 de abril

      Gustavo de Jesús Bravo Castillo. El Buen Gobierno Corporativo. 28 de abril



Las conferencias se verificaron en el Auditorio Gilberto Gutiérrez Quiroz del Edificio 9B del Departamento de Sociología y Administración Pública, iniciando a las 10:00 horas y con un promedio de duración de 90 minutos.

Asistieron estudiantes y profesores del programa académico de la Licenciatura en Administración Pública, en su mayoría, contando con la asistencia de estudiantes de otros programas y público en general. En promedio, asistieron 30 alumnos, profesores y público en general por conferencia.


La moderación de los eventos corrió a cargo de estudiantes de segundo y cuarto semestre de la carrera, siendo estos: Laura Lilia Franco Velázquez, Sergio Arturo Caudillo Valle, Dulce Esmeralda Durazo Fimbres, Enrique Nisandro Rosas Díaz, Andrea Salazar Galaz, José Luis Pacheco Herrera, Jazmín Daniela Garay Cerón y Martín Eduardo González Guaderrama.

Colaboraron en la organización del evento los profesores Cecilia de María Gautrin Rubio y Gustavo de Jesús Bravo Castillo.

El ciclo de conferencias se divulgó mediante un promocional, así como en correos y mensajes a estudiantes, profesores y autoridades universitarias.


Cabe señalar que se contó con el apoyo logístico de la Televisora de la Universidad de Sonora, así como de la Dirección de Comunicación de la Universitaria, generándose notas sobre las cuatro conferencias, las cuales fueron publicadas en el portal de la Universidad de Sonora.

Este evento se realizó coordinadamente con los profesores de la Academia y el Grupo Disciplinario de Administración Pública de la Universidad de Sonora, la Corresponsalía en Hermosillo del Seminario de Cultura Mexicana y el Capítulo Sonora de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro A. C. (IAPAS). 

Moderadores, conferencistas y organizadores recibieron sus respectivas constancias de participación avaladas por el Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo, Jefe del Departamento. Estas actividades recibieron puntos Culturest.

Al final del evento, se regaló un ejemplar del libro Transparencia Pública en los Ayuntamientos de Sonora, de la autoría del profesor Francisco Javier Santini, a quienes asistieron a las conferencias del Ciclo. Con ello, además de promover la obra, también se busca estimular la participación y asistencia presencial de la comunidad del departamento en actividades académicas.


 

 

 

miércoles, 15 de diciembre de 2021

Sobre la corrupción

 


Hermosillo, Sonora a 15 de diciembre de 2021.

En la década de los ochenta el gobierno federal encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado impulsó uno de los programas más generalizados e insistentes en el cambio del comportamiento de servidores públicos y de la sociedad en torno a uno de los problemas más preocupantes de ese tiempo, la corrupción. El Programa denominado Renovación Moral fue uno de los seis principios fundamentales del gobierno de De la Madrid.

Este programa planteaba gobernar con el ejemplo. Definió la renovación moral de la sociedad como una necesidad política y una demanda popular para actuar con intransigencia ante la inmoralidad pública y privada, actuando de manera urgente ante el fenómeno de la corrupción desde sus orígenes. Parte de la estrategia central de la renovación moral fue la formalización del Sistema Integrado de Control y Evaluación Gubernamental, constituido por un conjunto de instrumentos y mecanismos, normas y organismos orientados a atacar este grave problema.

Con el proceso de reforma estatal que se vivió a partir de esos años, los procesos de privatización y desregulación generaron una asociación del quehacer político con el económico. El redimensionamiento estatal, la eliminación de programas de bienestar social y otras medidas a favor del realismo económico condujeron a una desigual distribución de la riqueza en el país, el surgimiento de una clase económicamente protegida desde las oficinas de gobierno y la proliferación de acciones que pusieron en duda el comportamiento lícito tanto de funcionarios públicos como del sector empresarial.

Cuarenta años después, el actual gobierno federal ha suscrito como uno de los principios rectores de gobierno el de la Honradez y la Honestidad, asumiendo que un rasgo pernicioso y destructivo heredado del llamado periodo neoliberal es la corrupción extendida y convertida en práctica común en las oficinas de los distintos órdenes de gobierno. Se señala que la corrupción inhibe el crecimiento económico y alienta la simulación y la mentira frente a la sociedad en general.

Con el objetivo de Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad del sector público se ha planteado una lucha frontal contra las prácticas de desvío de recursos, concesiones de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo y los compadrazgos, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo público para beneficio personal.

En este sentido, y considerando que la corrupción es un delito, se plantea la imperiosa necesidad de recuperar el Estado de Derecho, alejando la simulación y la impunidad, y haciendo una correcta aplicación de los preceptos normativos que regulan la vida del país en todos sus ámbitos. En el mismo sentido se ha propuesto la separación del poder político del poder económico, entendiendo que el primero tiene como objetivo central el interés público y el segundo los intereses particulares.

Siguiendo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por el Senado, el empeño de la actual administración se ha centrado en erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar; fomentar el pleno respeto a los derechos humanos; regenerar la ética de las instituciones de gobierno y de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperar y dignificar las cárceles; articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz; repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas; establecer la guardia nacional; y promover la coordinación nacional, estatal y regional en materia de seguridad.

En su más reciente informe Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2020. Se señaló que México mejoró dos puntos y seis lugares respecto al año anterior. El Índice de Percepción de Corrupción en el país es de 31 puntos de cien posibles. Así, México ocupa el lugar 124 de 180 países evaluados y es el país con menor calificación dentro los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ocupando el lugar 37 de los 37 países miembros.

En el mismo sentido, el pasado mes de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, apuntando que en el año 2020 se cometieron 961.6 mil actos de corrupción, asociados a 204.3 mil unidades económicas que realizaron trámites o inspecciones asociados del gobierno. Esta cifra se relaciona al hecho de que el porcentaje de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos ha disminuido en los últimos años, al pasar de 82.2 en el 2016 a 71.5 por ciento en el 2020.

Si bien existen cifras positivas en la lucha contra la corrupción, los desafíos siguen siendo muy complejos y preocupantes.

La corrupción es un problema mundial. La medición de Transparencia Internacional de las percepciones del nivel de corrupción en el sector público se aplica a 180 países y territorios de todo el mundo. Desde los países mejor punteados como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia, hasta aquellos con menor puntuación como Sudán del Sur, Somalia o Siria, en todos ocurren, en menor o mayor medida, actos de corrupción.

Naciones Unidas en su Convención contra la Corrupción celebrada en 2004, denunció que “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.”

En su momento Susan Rose-Ackerman, prestigiada experta en el tema de la corrupción política, ha señalado que la corrupción “es una categoría moral cuyo significado se asemeja al concepto de putrefacción”. Una condición que, sin lugar a dudas, denota la afectación que sufre la sociedad por tan grave problema, tanto en la virtud cívica como en el interés público.

Se puede precisar que la corrupción es un indicio de la perversión del interés público por la prevalencia del interés privado. Ocurre cuando coinciden la riqueza privada y el poder público, dejando de lado el interés general.

Es necesario construir una ética pública de interés para todos. Una ética que no sea sólo discurso, sino que se constituya en una práctica social. Una ética pública que trascienda y limite a cualquier moral privada que quiera imponerse mediante el uso del poder. Pública en el sentido de que el comportamiento de los individuos ocurra en el sentido del significado etimológico de Administración Pública: servir al pueblo, a todos los miembros de la sociedad.

Por ello es la insistencia en forjar una infraestructura ética en la que se funda el combate directo a la corrupción y la implementación de un mejor servicio público. Esta infraestructura estaría definida por las funciones de control, orientación y gestión. El control basado en un marco legal de referencia para la acción, en mecanismos adecuados de responsabilidad y control, y en aquellos que permitan la participación y el escrutinio público; por su parte, la orientación definida a partir de los códigos de conducta derivados del marco legal, el compromiso de los líderes políticos y funcionarios de primer nivel para dar cumplimiento al Estado de Derecho, y los procesos de formación y educación de los servidores públicos; finalmente, la gestión sustentada en condiciones adecuadas para el servicio público, así como la conformación de un organismo vigilante de la operación de esta infraestructura ética.