Hermosillo, Sonora a 15 de diciembre de 2021.
En la década de los ochenta el gobierno federal encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado impulsó uno de los programas más generalizados e insistentes en el cambio del comportamiento de servidores públicos y de la sociedad en torno a uno de los problemas más preocupantes de ese tiempo, la corrupción. El Programa denominado Renovación Moral fue uno de los seis principios fundamentales del gobierno de De la Madrid.
Este programa planteaba gobernar con el ejemplo. Definió la renovación moral de la sociedad como una necesidad política y una demanda popular para actuar con intransigencia ante la inmoralidad pública y privada, actuando de manera urgente ante el fenómeno de la corrupción desde sus orígenes. Parte de la estrategia central de la renovación moral fue la formalización del Sistema Integrado de Control y Evaluación Gubernamental, constituido por un conjunto de instrumentos y mecanismos, normas y organismos orientados a atacar este grave problema.
Con el proceso de reforma estatal que se vivió a partir de esos años, los procesos de privatización y desregulación generaron una asociación del quehacer político con el económico. El redimensionamiento estatal, la eliminación de programas de bienestar social y otras medidas a favor del realismo económico condujeron a una desigual distribución de la riqueza en el país, el surgimiento de una clase económicamente protegida desde las oficinas de gobierno y la proliferación de acciones que pusieron en duda el comportamiento lícito tanto de funcionarios públicos como del sector empresarial.
Cuarenta años después, el actual gobierno federal ha suscrito como uno de los principios rectores de gobierno el de la Honradez y la Honestidad, asumiendo que un rasgo pernicioso y destructivo heredado del llamado periodo neoliberal es la corrupción extendida y convertida en práctica común en las oficinas de los distintos órdenes de gobierno. Se señala que la corrupción inhibe el crecimiento económico y alienta la simulación y la mentira frente a la sociedad en general.
Con el objetivo de Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad del sector público se ha planteado una lucha frontal contra las prácticas de desvío de recursos, concesiones de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo y los compadrazgos, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo público para beneficio personal.
En este sentido, y considerando que la corrupción es un delito, se plantea la imperiosa necesidad de recuperar el Estado de Derecho, alejando la simulación y la impunidad, y haciendo una correcta aplicación de los preceptos normativos que regulan la vida del país en todos sus ámbitos. En el mismo sentido se ha propuesto la separación del poder político del poder económico, entendiendo que el primero tiene como objetivo central el interés público y el segundo los intereses particulares.
Siguiendo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por el Senado, el empeño de la actual administración se ha centrado en erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar; fomentar el pleno respeto a los derechos humanos; regenerar la ética de las instituciones de gobierno y de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperar y dignificar las cárceles; articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz; repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas; establecer la guardia nacional; y promover la coordinación nacional, estatal y regional en materia de seguridad.
En su más reciente informe Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2020. Se señaló que México mejoró dos puntos y seis lugares respecto al año anterior. El Índice de Percepción de Corrupción en el país es de 31 puntos de cien posibles. Así, México ocupa el lugar 124 de 180 países evaluados y es el país con menor calificación dentro los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ocupando el lugar 37 de los 37 países miembros.
En el mismo sentido, el pasado mes de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, apuntando que en el año 2020 se cometieron 961.6 mil actos de corrupción, asociados a 204.3 mil unidades económicas que realizaron trámites o inspecciones asociados del gobierno. Esta cifra se relaciona al hecho de que el porcentaje de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos ha disminuido en los últimos años, al pasar de 82.2 en el 2016 a 71.5 por ciento en el 2020.
Si bien existen cifras positivas en la lucha contra la corrupción, los desafíos siguen siendo muy complejos y preocupantes.
La corrupción es un problema mundial. La medición de Transparencia Internacional de las percepciones del nivel de corrupción en el sector público se aplica a 180 países y territorios de todo el mundo. Desde los países mejor punteados como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia, hasta aquellos con menor puntuación como Sudán del Sur, Somalia o Siria, en todos ocurren, en menor o mayor medida, actos de corrupción.
Naciones Unidas en su Convención contra la Corrupción celebrada en 2004, denunció que “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.”
En su momento Susan Rose-Ackerman, prestigiada experta en el tema de la corrupción política, ha señalado que la corrupción “es una categoría moral cuyo significado se asemeja al concepto de putrefacción”. Una condición que, sin lugar a dudas, denota la afectación que sufre la sociedad por tan grave problema, tanto en la virtud cívica como en el interés público.
Se puede precisar que la corrupción es un indicio de la perversión del interés público por la prevalencia del interés privado. Ocurre cuando coinciden la riqueza privada y el poder público, dejando de lado el interés general.
Es necesario construir una ética pública de interés para todos. Una ética que no sea sólo discurso, sino que se constituya en una práctica social. Una ética pública que trascienda y limite a cualquier moral privada que quiera imponerse mediante el uso del poder. Pública en el sentido de que el comportamiento de los individuos ocurra en el sentido del significado etimológico de Administración Pública: servir al pueblo, a todos los miembros de la sociedad.
Por ello es la insistencia en forjar una infraestructura ética en la que se funda el combate directo a la corrupción y la implementación de un mejor servicio público. Esta infraestructura estaría definida por las funciones de control, orientación y gestión. El control basado en un marco legal de referencia para la acción, en mecanismos adecuados de responsabilidad y control, y en aquellos que permitan la participación y el escrutinio público; por su parte, la orientación definida a partir de los códigos de conducta derivados del marco legal, el compromiso de los líderes políticos y funcionarios de primer nivel para dar cumplimiento al Estado de Derecho, y los procesos de formación y educación de los servidores públicos; finalmente, la gestión sustentada en condiciones adecuadas para el servicio público, así como la conformación de un organismo vigilante de la operación de esta infraestructura ética.
